¿Una Corte por decreto?

Francos le abre la puerta a repetir el camino de Macri. Tal como lo hizo Mauricio Macri cuando fue presidente, Javier Milei evalúa la posibilidad de nombrar por decreto "en comisión" a los ministros del máximo tribunal, lo que pasaría por encima del aval del Senado. "Es una alternativa que habrá que ver si es necesaria”, dijo el jefe de Gabinete.
El gobierno de Javier Milei admitió la posibilidad de nombrar a sus candidatos a la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, por decreto tal como lo hizo en 2015 el expresidente Mauricio Macri en su intento fallido por completar los integrantes del máximo tribunal pasando por encima el aval del Poder Legislativo.

El encargado de revelar el nuevo deja vu al que está dispuesto el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien sostuvo que “no es razonable” que el máximo tribunal funcione con pocos integrantes y reconoció que la vía del decreto es “una alternativa” para cubrir las vacantes. “Esto se hizo anteriormente durante el gobierno del presidente Macri como una cuestión transitoria y es una alternativa que habrá que ver si es necesaria”, puntualizó el jefe de ministros.
"Es una alternativa" Francos fue consultado al respecto durante una entrevista en la que se le preguntó sobre la vacante que a fin de año dejará en la Corte Juan Carlos Maqueda, uno de los cuatro miembros del tribunal que ya anticipó que se jubilará por cumplir 75 años, el límite establecido por la Constitución para dejar el cargo. Cuando esto ocurra, el máximo tribunal quedará con cuatro miembros mientras se barajan en el Senado los pliegos de Lijo y García Mansilla, los dos candidatos que la Casa Rosada impulsó a pesar de sus propios desacuerdos internos. En la opinión de Francos, la “alternativa” de cubrir un cargo por decreto es factible “porque tampoco es razonable que la Corte esté durante tanto tiempo con menos integrantes de los que corresponde”, según dijo a Radio Continental. “Por eso los fallos se demoran tanto”, indicó el funcionario nacional, que en su argumentación aludió a la decisión que hace nueve años le valió el escarnio público al gobierno del entonces Juntos por el Cambio.
Esa vez, el entonces presidente Macri se valió de antecedentes de más de un centenar de años para decretar la designación en comisión de Horacio Rosatti y Carlos Rozenkrantz. Ante el escándalo que suscitó esa decisión, ambos magistrados optaron por no jurar a los cargos y días después el Poder Ejecutivo debió dar marcha atrás con esa intentona. A pesar de esa experiencia, Francos destacó esta mañana que la designación en comisión de nuevos integrantes del máximo tribunal “es una alternativa que se ha utilizado en la Argentina en períodos de receso del Congreso”. “No es una decisión del Gobierno pero sí un tema que puede ser analizado y considerado”, aclaró aunque no descartó que el presidente Milei esté dispuesto a un nuevo y cuestionable decreto de necesidad y urgencia (DNU) para sortear al Congreso nacional en este otro tema.
Jueces por decreto. La designación de jueces en comisión es una prerrogativa del Poder Ejecutivo que se puso en marcha durante las presidencias de Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca, Miguel Juárez Celman, Carlos Pellegrini y José María Guido.
Los contextos fueron determinantes para la permisividad de esa decisión. Los primeros cinco fueron en los albores de la conformación del Estado argentino y el último tras el golpe contra Arturo Frondizi. La potestad está incluida en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional reformada en 1994, pero eso no le valió a Macri el cuestionamiento desde todos los frentes institucionales. La Justicia federal suspendió los efectos del decreto de Macri, y Rosatti y Rozenkrantz asumieron al año siguiente con acuerdo de los dos tercios del Senado.
Pliegos de jueces
Por otra parte, Francos admitió que el gobierno nacional le dio luz verde a los 146 pliegos de designación de jueces que ya habían sido seleccionados por el Consejo de la Magistratura. Los nombramientos serán “enviados en tandas” al Senado de la Nación para que ese cuerpo tenga “capacidad de procesar” los pedidos y todos “sean tratados para cuando se pueda”, concluyó.

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07/11/2024 (8442)