Saldrán a la venta por decreto más de 200 inmuebles. Tierras públicas en remate: el nuevo plan de Javier Milei para dejar tierra arrasada en el Estado. El Gobierno busca hacer caja fácil con la venta de algunas de los terrenos públicos más codiciadas por el mercado inmobiliario. El objetivo de la Rosada es recaudar unos mil millones de dólares, y para eso está dispuesto a dilapidar incluso varios predios en poder de las Fuerzas Armadas, como el Campo Hípico militar y el Regimiento de Patricios. Lo hará sin pasar por el Congreso, tal como lo hiciera en su momento Mauricio Macri. El plan libertario de “privatizar todo lo que se pueda privatizar” –en palabras de Javier Milei– sigue sumando capítulos.
El Gobierno tiene en carpeta ponerle el cartel de venta a por lo menos
unos 200 terrenos e inmuebles que hoy están en propiedad del Estado,
tanto dentro del país como en el exterior. El objetivo es hacer caja
fácil y recaudar, según estiman en Casa Rosada, unos mil millones de
dólares. La tarea le fue encomendada a los funcionarios de la Agencia de
Administración de Bienes del Estado (AABE), por cuyos despachos ya
circuló un primer listado con las “joyas de abuela” a dilapidar. Si bien
la medida todavía está en etapa de revisión, despertó las alarmas en
las Fuerzas Armadas, que se llevarían la peor parte. Según pudo recoger
Página/12, en la familia militar hay “malestar” y una preocupación
creciente ante la posibilidad de que tengan que desprenderse
–forzosamente– del Campo Hípico militar y del Regimiento de Patricios,
entre muchos otros terrenos estratégicos codiciados por el mercado
inmobiliario. Todo parece indicar que, además, los remates se harán sin
pasar por el Congreso, mediante una serie de decretos o un mega DNU, tal
como lo hizo en su momento Mauricio Macri, quien --al menos hasta
ahora-- ostenta el récord de ser el presidente con más terrenos
estatales enajenados.
Milei puso a trabajar en los detalles de la
medida a Nicolas Pakgojz, un ex funcionario porteño de la gestión de
Horacio Rodríguez Larreta al que nombró en diciembre al frente de la
AABE y a quien en el mundillo del “Real Estate” vinculan como
lugarteniente de los intereses del empresario Eduardo Elzstain, el dueño
del Hotel Libertador donde el Presidente vivió durante el tramo final
de la campaña e incluso durante el primer mes de su mandato. Milei
empoderó a Pakgojz con un DNU (el 636/24) publicado a mediados de julio
que reforma las atribuciones de la agencia y le otorga “plenas
facultades para disponer, tramitar, aprobar y perfeccionar la venta de
inmuebles del dominio privado del Estado Nacional”. Esa misma norma
habilitó al Presidente vender los terrenos a su sola firma y agilizó los
procesos de la AABE (que desde diciembre funciona bajo la órbita de la
jefatura de Gabinete) para llevar a cabo el desguace. A partir de ese
momento, desde el Gobierno informaron oficialmente sobre algunos de los
primeros inmuebles a rematar, como el edificio donde funcionaba el ex
Ministerio de Mujeres y otros terrenos y bienes “incautados en casos de
corrupción”, como la causa de los cuadernos, dos anuncios algo inflados
por la “batalla cultural” libertaria pero que sirvieron de muestra de lo
que se está cocinando puertas adentro. En un sector de la Rosada
sostienen que esa seguiría siendo la tónica, y que lo que saldrá a
remate son solamente “propiedades en desuso” que están desaprovechadas o
pueden rematarse sin mayor costo político. Pero según pudo saber este
diario, todos los ministerios y dependencias estatales recibieron en los
últimos meses el pedido de la AABE de que se le informe sobre la
cantidad total de inmuebles y terrenos que tienen a disposición, no sólo
aquellos que están abandonados o en malas condiciones. Ese
requerimiento lo recibieron también las Fuerzas Armadas, que gestionan
las tierras más onerosas. Si bien no existe un inventario completo y
actualizado, se estima que el Ejército tiene más de 1500 inmuebles, la
Armada unos 3500 y que entre la Prefectura y Gendarmería suman otros
3000.
El malestar entre las fuerzas fue creciendo a medida que el
ala más ideologizada del Gobierno empezó a dejar trascender que la
apuesta es mucho más a fondo: seguir la máxima de Milei de “vender
todo”. Ese sector del Ejecutivo es el que, incluso, presiona para
acelerar el proceso administrativo de la publicación del DNU que pondría
a remate las tierras. En ese marco, si bien las FFAA se llevarían la
peor parte, también están a tiro de remate buena parte de los terrenos
ferroviarios y los que están en poder de las universidades nacionales,
de algunos organismos como el INTI y hasta el predio de Tecnópolis.
Las "joyas" de las FFAA
En
la lista de los terrenos más codiciados por el mercado inmobiliario que
están en poder de las FFAA figuran el Campo Hípico y los terrenos de la
Dirección de Remonta y Veterinaria del Ejército, dos de los predios más
caros de la CABA, ubicados en una zona estratégica; el Regimiento de
Infantería 1, conocido como el Regimiento de los Patricios, en el
corazón de Palermo, y el edificio del Regimiento de Granaderos. También
son ambicionados el edifico del Círculo de la Fuerza Aérea y hasta el
predio del Servicio Meteorológico Nacional, frente a Aeroparque.
Fuera
de la General Paz, pican en punta Campo de los Andes, un paraíso
turístico de Mendoza donde el Ejército posee unas 10 mil hectáreas. En
Córdoba, el asunto es más todavía más espinoso, porque incluye una
sociedad del Estado. Se trata de la Fábrica Militar Río Tercero, una de
las seis sedes de Fabricaciones Militares en manos del Ministerio de
Defensa. Según denunciaron trabajadores de la fábrica, el ministro Luis
Petri realizó una visita para inspeccionar las instalaciones junto a
representantes del Departamento de Defensa de Estados Unidos, lo que
suscitó un pedido de informes presentado por la diputada de Unión por la
Patria (UP) Agustina Propato, en el que le solicita a Petri que brinde
"información precisa y detallada sobre todas las empresas privadas y/o
extranjeras que han visitado la Empresa Estatal Fabricaciones Militares"
en el último tiempo. Los remates, si se concretan, le sumarían un
grado más a la confrontación entre las Fuerzas y la Rosada, un vínculo
en tensión por el proyecto de ley de Seguridad Interior del Gobierno y
la falta de presupuesto para el sector.
La sombra de Macri y posibles amparos
El
Presidente que ostenta todos los récords en remates de tierras públicas
es Mauricio Macri. Según un informe de la SIGEN, entre 2016 y 2019 se
habilitaron 71 procesos de venta, de los cuales uno sólo se hizo vía
licitación pública. La mayoría de los terrenos vendidos fueron en CABA
(casi 8 de cada 10), y el expresidente incluso fue investigado por la OA
por los traspasos a Rodríguez Larreta sobre el final de su gestión. De
acuerdo al mismo informe, Macri recaudó unos U$S676 millones; Milei
aspira, como en todo, a superarlo.
Pero otro de los elementos que
introdujo Macri en materia de remate del patrimonio estatal fue que lo
hizo por decreto. Cuando Cristina Kirchner creó la AABE vía el
decreto-ley 1382 de 2012, le dió al organismo la facultad de centralizar
y ejecutar las concesiones y ventas de tierras públicas, pero la norma
dejaba abierta la posibilidad de que la última palabra, la autorización
final, la tomara tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Macri
aprovechó ese vacío normativo y se basó en un viejo decreto de la
dictadura que, obviamente sin Congreso, delegaba esa facultad en el
titular del PEN. Milei apeló a ese mismo decreto dictarorial para
ampliar las facultades de la AABE y atribuirse los mismos poderes. Es
más, las ventas podrían ser aprobadas incluso por el Jefe de Gabinete en
caso que el valor catastral no supere los 1.500 millones de pesos.
Por
eso, ya hay quienes advierten que semejante "gran barata" como la que
prepara el libertario sin pasar por el Congreso podría estar sujeta a
planteamientos legales, desde amparos en el fuero Contencioso hasta
denuncias de tipo penal. Hay algunos terrenos militares en los que se
comprobó que funcionaron centros clandestinos de detención, como el caso
del Regimiento de Patricios, por lo que también podría haber una lluvia
de planteos de no innovar. Lo mismo sucedería con otras tierras, aunque
por otros motivos, como es el caso de Tecnópolis.
"El Plan
Sistemático de venta de tierras públicas que implementará Milei va en
contra de la Constitución Nacional por que no tiene autorización del
Congreso para hacerlo y podrá constituir la comisión del delito de
asociación ilícita que alcanzará a todos los que participen en estas
ventas", explicó a Página/12 el abogado y titular del Observatorio por
el Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, que hace años investiga y
denuncia las ventas de tierras en territorio porteño. "Buscaremos todas
las vías institucionales y judiciales para evitar este despojo de lo
público", advirtió.