Tras el Pacto de Mayo, Milei volverá a la carga con nuevas privatizaciones y más reformas. El Presidente tiene pensado reactivar nuevos paquetes de iniciativas que van desde la reforma política y la derogación de jubilaciones de privilegio a más desregulaciones de la economía. En la Casa Rosada quieren avanzar, además, con el aporte privado a las empresas públicas del Estado que no fueron incluidas en la ley Bases. Entre otras, el Banco Nación y todas sus subsidiarias, como Nación Seguros, el BICE, la Casa de Moneda y hasta la petrolera YPF. Los detalles de las nuevas iniciativas que pondrá sobre la mesa el líder libertario para volver a capturar centralidad. Por : Juan Pablo Kavanagh (Perfil).
Revitalizado por la media sanción de la ley Bases en la Cámara de
Diputados, recuperando agenda y centralidad en grandes proporciones tras
el golpe que significó la marcha universitaria del 23 de abril, el
gobierno de Javier Milei tiene bien claro qué camino debe recorrer de
cara al segundo semestre. Un sendero que incluye sellar el Pacto de Mayo
y avanzar a toda marcha con nuevos paquetes de privatizaciones de
empresas del Estado, resoluciones para desregular la economía,
iniciativas “anticasta” y el impulso de proyectos de seguridad y
defensa.
Uno de los colaboradores del Presidente suele comentar en
Balcarce 50 que el economista no siempre apuesta al todo o nada. “Javier
analiza muy bien los escenarios y no se queda solamente con el plan A:
piensa en el B, C, D y hasta el E”, grafica.
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Otra importante fuente libertaria de conversación frecuente
con el jefe de Estado ratifica dicho análisis y precisa ante PERFIL que
el Gobierno tratará de avanzar con los temas más sensibles que quedaron
fuera del proyecto original que se conoció como “ómnibus” luego de
rubricar el Pacto de Mayo con aquellos gobernadores que colaboraron con
la ley más importante para la Casa Rosada. En concreto, en la
administración Milei dicen sin inconvenientes que pretenden que se
privaticen nuevas empresas públicas además de las que figuran en el
texto que se discutirá en el Senado a partir de este martes (en la
iniciativa aprobada figuran Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina,
Radio y Televisión Argentina, AySA, entre otras). Ahora, en la mira
libertaria entran el Banco Nación y todas sus empresas subsidiarias
(Nación Seguros, Nación Seguros Retiro, Nación Servicios, Nación
Bursátil), el BICE, la Casa de la Moneda, Radio Litoral, Fabricaciones
Militares, Fábrica Argentina de Aviones, Yacimientos Mineros de Agua de
Dionisio, YPF, Arsat y Nucleoeléctrica Argentina. Guillermo Francos, el
ministro del Interior, también dio una pista sobre lo que busca el
oficialismo con las compañías públicas: renovar el debate gracias a un
proyecto de ley sobre privatizaciones. De hecho, ante la consulta sobre
el rol del Banco Nación, comentó que no entiende por qué se rechaza el
ingreso de privados a la estructura del principal banco público del
país. “El Estado mantendría la mayoría accionaria, es la nave insignia
del crédito argentino”, expresó el ministro que forma parte del ala
política oficial. Toda una declaración de principios.También, hay una
serie de iniciativas, que Milei denomina “anticasta” y que nombró en su
discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, que se
intentarán poner en marcha en la segunda mitad de 2024. En ese marco,
aparece la necesidad del Gobierno por eliminar el financiamiento público
de los partidos políticos, penalizar a los funcionarios que financien
el déficit fiscal con emisión monetaria y la eliminación de las
jubilaciones de privilegio para presidentes y vices.
La reforma
política que quedó fuera de la negociación del actual texto de bases
continúa en estado latente: en LLA quieren reflotar la discusión antes
de que finalice el año. Un legislador libertario comentó ante este
medio: “Es ambicioso lo que queremos hacer y tranquilamente se puede
debatir en un contexto más amigable”. Los elementos más importantes de
esta reforma pasan por el cambio del sistema electoral para diputados
nacionales, la eliminación de las PASO y la adopción de la Boleta Única
Papel (BUP) a nivel nacional.
La seguridad es otra problemática que
contará con centralidad en la agenda del jefe de Estado. En esa línea,
en Casa Rosada mencionan que se buscará la sanción en el Congreso de las
iniciativas que fueron elaboradas, y ya presentadas, por Patricia
Bullrich y Luis Petri, quienes lideran las carteras de Seguridad y
Defensa respectivamente. Figura el texto que habilita la intervención de
las Fuerzas Armadas para que actúen contra el narcotráfico, la
denominada ley “antimafias” que aumenta penas a todos los miembros de
una organización delictiva. A su vez, la ley de reiterancia que
permitiría que un delincuente que enfrenta varias causas penales sin
tener aún sentencia firme espere un fallo preso y una ampliación del
registro de ADN a todos los delitos. Por último, la desregulación de la
economía sigue siendo un norte para el oficialismo. Y bajo ese objetivo,
se buscará desregular la venta de libros, habilitar la reventa “sin
límite” de entradas para eventos deportivos y garantizar que las
aseguradoras puedan operar en todas las ramas de seguro sin autorización
previa si cumplen requisitos. Disposiciones que están reflejadas en el
capítulo tres del primer proyecto ómnibus. Hay otro detalle ambicioso en
esa parte: la creación de una Agencia de Mercados y Competencia que
pueda investigar “conductas anticompetitivas de organismos públicos”.
Será un ente descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder
Ejecutivo Nacional para “promover el correcto funcionamiento y la
transparencia de una competencia efectiva”. Habría un secretario a cargo
por cinco años, con posibilidad de ser reelegido por única vez.