Piden intervención de la ONU ante el vaciamiento de un área de Defensa que investiga a represores. La denuncia fue presentada por la legisladora porteña Victoria Montenegro ante el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justica, y reparación de Naciones Unidas.
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La decisión del ministro de Defensa Luis Petri de desarmar el equipo
que investiga los archivos de las Fuerzas Armadas, que representa el
vaciamiento de un insumo clave para los juicios por crímenes de lesa
humanidad, llegó a las Naciones Unidas. La legisladora porteña Victoria
Montenegro pidió la intervención del relator especial sobre la promoción
de la verdad, la justica, y reparación de Naciones Unidas, el argentino
Fabian Salvioli, por los “evidentes retrocesos en lo que respecta al
ejemplar proceso de Memoria, Verdad y Justicia de la Argentina”. “Pongo
en su conocimiento mi preocupación vinculada con el desmantelamiento de
hecho de los Equipos de Relevamiento y Análisis de archivos de las
Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación,
actualmente a cargo de Luis Petri”, señaló la presentación realizada por
la legisladora, nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo.
Allí
recordó que el 27 de marzo, el director de Derechos Humanos y Derecho
Internacional humanitario del Ministerio de Defensa comunicó el despido
de diez de las trece integrantes del área, todas personas con
conocimiento especializado y experiencia en la temática que cuentan
además con una trayectoria de muchos años.
Derechos Humanos, otra
víctima del vaciamiento “Al vaciar de técnicos y técnicas a los Equipos,
básicamente se les obstruye la capacidad de aportar información y
documentación clave para la investigación de los crímenes cometidos
durante la última dictadura cívico miliar. En el mismo sentido,
entorpece el acceso a los documentos y archivos que integran el acervo
documental del Ministerio con las mismas consecuencias”, añadió.
nMontenegro sostuvo que las medidas adoptadas “impactan directamente en
el derecho a las víctimas directas, a sus familias y a la sociedad en
general de conocer la verdad sobre lo que sucedió, en el derecho a la
investigación, juzgamiento y adecuada sanción de los responsables y en
lo que hace a la construcción de la memoria colectiva, esencial para la
prevención de la repetición de los delitos de lesa humanidad”.
Esta
misma situación fue denunciada el viernes pasado en conferencia de
prensa por la legisladora junto integrantes de Abuelas de Plaza de Mayo,
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, HIJOS, CELS, Memoria Abierta,
ATE del Ministerio de Defensa, CTA Autónoma, UTE, Sipreba y
Metrodelegados, entre otros.
Para frenar el vaciamiento de esta área
clave para los juicios, los abogados Pablo Llonto y Mariana Maurer
presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Criminal y Correccional
Federal 3 de Capital Federal, a cargo de Daniel Rafecas.