El debate seguiría al menos hasta el viernes. Por María Cafferata. "Un
diputado denunció aprietes y carpetazos", dijo Germán Martínez para
reclamar que el tema volviera a comisión. Con un Congreso vallado y
rodeado de gendarmes y policías, la Cámara de Diputados comenzó a
debatir la Ley Ómnibus. Fue el primer día de una carrera que seguirá
este jueves y se extendería hasta la noche del viernes. El round inicial
estuvo marcado por los debates encendidos y las negociaciones
silenciosas que pretendían preparar el terreno para la verdadera
batalla: la votación en particular de la megaley.
Javier Milei ya
tiene el número para aprobar en general la norma, que incluye la
delegación de facultades legislativas, la penalización de la protesta y
una desregulación general de la economía. La gran incógnita, sin
embargo, es lo que sucederá con la privatización de empresas públicas:
un punto que gran parte de la oposición amigable pide modificar y que,
de no llegar a un acuerdo con el oficialismo, podría bochar. Tras casi
doce horas, el debate pasó a cuarto intermedio. La reducida bancada de
La Libertad Avanza estalló en aplausos cuando, a las 10.30, consiguió el
quórum necesario para dar inicio a la sesión. El número ya se lo habían
prometido el día anterior la UCR y Hacemos Coalición Federal, que se
sentaron junto al PRO para compensar la debilidad del oficialismo,
aunque hasta último momento persistían las dudas. Finalmente, con los
radicales, todo HCF —excepto Mónica Fein y Esteban Paulón, del
socialismo, y la cordobesa Natalia de la Sota—, los del PRO y los tres
diputados peronistas que responden a Osvaldo Jaldo, LLA consiguió 137
diputados para dar inicio a la sesión. Un número que prometía ser
profético de la mayoría con la que el oficialismo planeaba aprobar, en
general, la desguazada Ley Ómnibus.
El texto final
Los diputados
estaban a ciegas cuando ingresaron al recinto. O al menos formalmente.
Desde temprano había comenzado a circular una versión final del diezmado
proyecto, que había comenzado con 640 artículos y, finalmente, perdería
casi la mitad. Pero no fue hasta que el secretario parlamentario, Tomás
Figueroa, empezó a enumerar, uno por uno, los artículos que se
suprimían del dictamen original (el mismo que la oposición light había
firmado a las apuradas, sin saber lo que diría). Fue un proceso lento y
desprolijo, que llevó a varias confusiones ruidosas cuando Figueroa
equivocaba algún artículo. "Se suprime el 184... perdón, se suprime el
194", aclaró, levantando una ola de suspiros porque el artículo en
cuestión no era uno más: era el que habilitaba la transferencia de
recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses al Tesoro
Nacional.
La eliminación de ese punto, que suponía la posibilidad de
vender las acciones y bonos de Anses, terminó siendo una de las
sorpresas de la jornada. Otra fue el blindaje del beneficio tarifario
para zonas frías, que el proyecto original amenazaba con derogar y que,
por reclamo de los gobernadores patagónicos, se sostuvo. Fue así que
Martín Menem logró conseguir también el quórum de Innovación Federal, el
bloque de un rionegrino, un neuquino, tres salteños (los peronistas que
responden a Gustavo Sáenz) y tres misioneros. Se eliminaron, a su vez,
varios artículos que modificaban el Código Penal para criminalizar la
protesta y flexibilizar el gatillo fácil. Quedó afuera la sanción a los
"organizadores" de las manifestaciones, así como el famoso artículo 305
que definía a una "manifestación" como "la congregación intencional y
temporal de 30 o más personas en un espacio público". Ese artículo -cuya
autora es Patricia Bullrich y originalmente hablaba de "más de 3
personas"- suponía que cualquier encuentro en el espacio público
requería autorización del Ministerio de Seguridad. "Los cumpleaños en
las plazas se van a poder hacer", ironizaban en el radicalismo, que
habían presionado para quitar ese punto.
Afuera quedaron también el
artículo que modificaba el financiamiento de la Ley de Bosques Nativos,
así como el capítulo que reformaba el Régimen de Pesca.
Se confirmó, a
su vez, la eliminación de todo el paquete fiscal que ya había
anticipado Luis Caputo: afuera quedó la suspensión de la movilidad
jubilatoria, el aumento de retenciones y el blanqueo de capitales, así
como varios impuestos. Entre ellos la prórroga del Impuesto País, foco
de los reclamos de HCF y los gobernadores, quienes pretendían que el
Gobierno coparticipara una parte. "Con eso y las privatizaciones
nosotros no jodemos", amenazaban desde HCF, que aspiraban a convencer al
oficialismo de volver a incluirlo y que se le garantizara parte a las
provincias. Al cierre de esta edición no habían llegado a un acuerdo,
pero la oposición amigable esperaba arribar el jueves a un consenso con
Casa Rosada.
Se cerró la puerta, por último, a cualquier pretensión de modificar el código electoral.
Cruces y debates
Los
diputados llegaron al recinto sabiendo que enfrentaban una carrera de
resistencia: las estimaciones más optimistas calculaban unas 30 horas de
debate, las menos 50. Se habían anotado más de 200 oradores y, a las
exposiciones por la ley, se superponían las cuestiones de privilegio (la
mayoría contra el propio Milei). El titular de la bancada de Unión por
la Patria, Germán Martínez, reclamó que el dictamen volviera a tratarse
en comisión, pero perdió la votación. "Un diputado denunció aprietes,
carpetazos, fake news contra los que tengan un posicionamiento crítico.
Que este tema se vuelva a votar", reclamó Martínez, refiriéndose a las
denuncias de Nicolás Massot. Fue el propio Miguel Ángel Pichetto,
titular de la bancada que integra Massot, el que salió a cruzarlo.
El
primero en tomar la palabra fue Gabriel Bornoroni, presidente de la
comisión de Legislación General, quien aprovechó para asentar el mensaje
que buscaría dar LLA durante todo el día: Milei había hecho trabajar
frenéticamente al Congreso durante el verano. Destacó el tratamiento en
comisión y cerró: "Esto es un shock de libertad para los argentinos".
Luego fue el turno del presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás
Mayoraz, que aprovechó para defender las facultades extraordinarias para
Milei: "Para salir de esta grave situación es necesario contar con
estas herramientas que le van a permitir salir de un modo más ágil",
insistió.
Finiquitó José Luis Espert, el exopositor más oficialista
de todos y presidente de la comisión de Presupuesto: "Este proyecto es
polémico para los que quieren cuidar sus privilegios. No le tengamos
miedo a la libertad". Dejó otras perlitas como "los recursos naturales
si no se explotan, no son recursos", y terminó siendo el más aplaudido
por LLA.
Carlos Heller (UxP), mientras tanto, optó por calificar la
megaley como "Proyecto Cuatro M" por Martínez de Hoz, Menem, Macri y
Milei. "Todos propiciaron lo mismo. ¿Cuál era el lema de Martínez de Hoz
y la dictadura? ‘Achicar el Estado es agrandar la Nación’. Para Menem
‘todo lo que será estatal será privatizado’. Macri y Milei dijeron lo
mismo”, señaló el economista de UxP, quien apuntó que era "falso que
eliminando restricciones viene la prosperidad, lo que va a venir es la
prosperidad de un pequeño grupo de corporaciones".
"Son libertarios
pero no creen ni en la democracia ni en la libertad. Restringen la
libertad a un solo aspecto: el papel que le dan al Estado para
reprimir'", apuntó Leopoldo Moreau, quien sostuvo que había que llamar
el capítulo de reforma penal "cárcel o bala", en homenaje a Espert.
"Bala indiscriminada, con impunidad, diciendo que quien hace uso de la
fuerza tiene a su favor la presunción de que lo ha hecho en ejercicio de
su función. Le impiden a la gente ser querellantes, los padres de Lucas
González nunca hubieran podido esclarecer el crimen de su hijo si se
aprueba esto", agregó.
Privatizaciones y escándalos
El debate se
movía con lentitud. Mientras los legisladores tomaban la palabra, otros
se reunían y negociaban los artículos que estaban en duda y que, si no
se llegaba a un acuerdo, se podrían caer en la votación en particular.
El caso más espinoso era el de privatizaciones a las empresas públicas.
De aprobarse tal como está, el Ejecutivo tendría la posibilidad de
privatizar todas las empresas públicas excepto YPF. Se conversaba
quitar, a su vez, Arsat, Banco Nación y Nucleoeléctrica.
Los alfiles
de la UCR, HCF e, incluso, Innovación Federal negociaban hasta tarde a
la noche para presentar una propuesta alternativa unificada al Gobierno.
Pero no terminaban de acordar. El radicalismo venía reclamando que la
privatización de cada empresa pase, ley por ley, por el Congreso. Pero
en HCF —que sugería achicar el listado de empresas sujetas a
privatización— sostenían que Milei no aprobaría eso. "Privatizaciones
tiene que salir de forma tal que Milei no considera que es un
impedimento, porque ellos siguen en campaña y el lobby empresarial es
fuerte. Y la lógica 'ley por ley' la van a considerar un impedimento'",
deslizó un armador de HCF.
Mientras las negociaciones se sucedían en
distintos despachos del Palacio, en el recinto saltaban algunos
escándalos. Uno fue la presencia en los palcos del recinto de Leonardo
Sosa, uno de los fundadores de Revolución Federal que está procesado por
amenazar a Cristina Fernández de Kirchner y otros dirigentes. Sosa
llevaba una pulsera roja, es decir que había sido invitado por la
presidencia de la Cámara, aunque cerca de Menem lo negaban. Se
sospechaba que lo había invitado Lilia Lemoine. Hubo otro escándalo, más
temprano, cuando el empresario Tomás Agote se puso a insultar a Myriam
Bregman desde los palcos y lo tuvo que sacar el personal de seguridad.
"¿Quién
puede pensar que es responsable votarle una ley con facultades
delegadas que le dan poderes de monarca a quien dice que el feminismo es
su enemigo?", cuestionó Christian "Chipi" Castillo (FIT-PTS). "Esta ley
es lo contrario a lo que la mayoría laboriosa en este país necesita. No
seremos cómplices de este atropello brutal, como muchos acá, que
rechazan determinados artículos, pero que le van a delegar facultades
legislativas a un gobierno que ya demostró sus objetivos: el nefasto DNU
y el protocolo represivo", apuntó Romina del Plá (FIT-PO).
Las horas
pasaban, el PRO defendía con fiereza la ley y la UCR y HCF hacían
malabares para sostener, al mismo tiempo, una postura crítica y de
"responsabilidad institucional". Pero era tarde y todavía faltaban más
de cien oradores, por lo que poco cerca de las 21.30 se definió pasar a
un cuarto intermedio hasta el mediodía del jueves. La expectativa era
votar en general el jueves a la tarde, pero muy pocos tenían la
esperanza de finiquitar la discusión en particular antes del viernes. La
discusión recién había arrancado.