Preparan una denuncia sobre quiénes se benefician y a quién perjudica el DNU. Cómo se va a transformar cada sector si avanzan la desregulación y las modificaciones en el tratamiento fiscal de exportaciones e importaciones. Los lobbies que promovieron los cambios. Por Raúl Dellatorre. Dirigentes políticos del peronismo con representación en el Senado, como es el caso del senador José Mayans, y de la rama sindical, principalmente de la conducción de la CGT, recibieron en las últimas horas detallados informes técnicos sobre las consecuencias y alcances del decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei el 20 de diciembre.
Allí se detalla, "artículo por artículo del DNU, a quién beneficia y a
quiénes perjudica la medida en el sector que está involucrado", confió
una fuente cercana a los encargados de ordenar las conclusiones de, por
lo menos, nueve informes recibidos por las autoridades políticas y
sindicales de la principal fuerza de oposición.
"Empresas
monopólicas que se beneficiarán por la mejora en las condiciones para
exportar, sectores que quedarán quebrados por la invasión de
importaciones, empresas vinculadas a funcionarios de primerísima línea
altamente beneficiadas, todo está reflejado en el trabajo", sostuvo la
misma fuente. El material aludido sería la base de las denuncias que, en
pocos días más, empezarían a hacerse públicas en respuesta a lo que fue
considerado "un golpe de Estado" por el avasallamiento a las normas
constitucionales. Algunos de los especialistas que colaboraron y
coordinador equipos para estos trabajos con el economista Miguel
Polanski y el constitucionalista Alberto García Lema, según pudo
averiguar Página/12.
"Aprobar este DNU y la ley ómnibus de Milei es
cerrarle las puertas al Congreso", manifestó este sábado en una
entrevista con una emisora radial José Mayans, senador y jefe del
interbloque Unión por la Patria en la cámara alta. El legislador
formoseño no hizo referencia al frondoso estudio que ya a esa hora tenía
en su despacho, pero aludió al estado de confrontación política que
habrá con el modelo económico que se intenta imponer.
Los elementos
que reúne el informe consolidado de los diferentes estudios técnicos le
darán más argumentos a los dirigentes que se enfrenten a los profundos
cambios económicos que impulsa el DNU de Milei. Sobre todo, porque
identifica detrás de cada modificación de retenciones a las
exportaciones, a quiénes beneficia en cada rubro y cómo puede afectar
esa misma medida a la actividad económica en su conjunto.
Una de las
características muy marcadas en la secuencia de anuncios de estas
semanas fue la marcha y contramarcha habida. Primero fue el ministro
Luis Caputo, en un mensaje grabado y demorado varias veces en su horario
de emisión, quien termina anunciando, dos semanas atrás, una suba de
las retenciones a las exportaciones generalizada al 15 por ciento, con
la sola excepción de los subproductos de la soja, que del 31 pasarían al
33 por ciento. Estos cambios se implementarían mediante un proyecto de
ley a enviar al Congreso. Pero no llegó a cumplirse ese trámite, ya que
una semana después, ese anuncio era rectificado por el secretario de
Bioeconomía (antes, Agricultura y Ganadería), Fernando Vilella.
En
el interín, se movieron diversos intereses, o "lobbies", que fueron los
que le dieron el formato final al proyecto. Todos los productos
regionales del listado de exportaciones dejaron de estar en la franja de
retenciones del 15 por ciento, y pasaron al cero por ciento. Pero,
además, hubo dos rubros industriales que estaban en el grupo de
productos con el 15 por ciento, y pasaron al 8: productos vitivinícolas
y aceite esencial de limón. El resto de productos de origen agrícola
con agregado de valor industrial, quedaron en el 15 por ciento. ¿Quiénes
se movieron y lograron semejantes virajes? ¿Y a favor de quién? La
documentación en manos de algunos dirigentes ya mencionados, y otros de
igual nivel, lo describen con pulcritud. El caso de la exportación de
subproductos de limón es emblemático. Es un negocio que mueve más de 500
millones de dólares al año, el 75 por ciento tiene origen en Tucumán y
la mayor parte del negocio está concentrada en tres empresas. Dos de
ellas tienen vínculos directos con la familia Macri: San Miguel y
Argenti Lemon. La primera, una firma familiar de casi 70 años, tuvo dos
momentos bisagra en su historia: la compra del paquete accionario
principal por los grupos Otero Monsegur y Miguens-Bemberg, y la fusión
con la firma Citrus Trade Famaillá, del grupo Socma (familia Macri).
Después de que Citrus Trade pasara a formar parte de San Miguel, la
familia Macri creó otra empresa, Argenti Lemon, que no perdió vínculos
con la anterior, ya que tuvieron más de un director compartido, que
pasaban de una empresa a otra. Además, San Miguel surge como una de las
principales firmas aportantes a las campañas presidenciales de Mauricio
Macri. La identidad con el color amarillo los une, y no es el único
interés en común. El tema de la producción de aceitunas, el aceite de
oliva y la vitivinicultura aparecen entrecruzados aunque con intereses
contradictorios. El nuevo esquema establece que la exportación de
aceitunas no pagará retenciones, pero el principal producto elaborado
con ese fruto, el aceite de oliva, pagará el 15 por ciento. La
vitivinicultura se liga a esos dos productos sólo por cercanía regional,
pero tuvo un tratamiento fiscal diferente a las dos: quedó en el 8 por
ciento de retenciones, lo cual le mejoró en 7 puntos la situación con
respecto al resto de la industria.
La medida que favoreció a las
exportaciones de aceituna por sobre los fabricantes de aceite de oliva
amenaza con provocar una crisis sectorial importante. Quitarle
retenciones a la aceituna alienta su exportación, pero además incrementa
el precio interno del producto, lo cual podría tener un impacto
negativo importante en varios fabricantes de aceite de oliva,
particularmente en los medianos y locales. Distinta es la situación de
aquellas empresas integradas que tienen a dicho producto como uno más en
un abanico amplio de ofertas de productos alimenticios. Uno de los
principales exportadores de aceituna es la firma Nucete, a la cual está
vinculada el ex gobernador tucumano y actual senador Juan Manzur. Por
otra parte, se presume que el impacto de una caída de la oferta de
aceite de oliva y el aumento del costo para quienes sobrevivan a la
crisis, dejaría espacio para más importaciones del producto. Hay
oferentes en Uruguay muy interesados en esa perspectiva, y se trata de
empresas de dueños argentinos, de los que se presume que habrían tenido
peso en las decisiones que son motivo de esta nota. En cuanto a la
vitivinicultura, los informes señalan que la mejora en su posición
fiscal tuvo doble respaldo: los capitales chilenos que se han hecho
fuertes en el sector en los últimos años y el gobierno de Mendoza, que
no oculta sus vínculos con esos sectores empresarios. La bodega
Trivento, del grupo trasandino Concha y Toro, se ha convertido en un
activo exportador de vinos hacia su país, desde donde el producto sigue
viaje, pasando por el puerto de Valparaíso, rumbo a países asiáticos. El
negocio de esta firma, que cruza más de una docena de camiones diarios
por los túneles debajo de la Cordillera, tuvo, como se ve, benefactores
de los que careció la industria del aceite de oliva. En el informe
consolidado aparecen menciones, además, a beneficios para los negocios
de Aceitera General Dehesa, las empresas en el Sur (Mirgor y Newsan) de
Nicolás (Nicky) Caputo y las de su primo,el ministro Luis Caputo, con
inversiones en tierras agrícolas en provincias del centro oeste del
país, dentro de un volumen muy grande de información, que le ha hecho
decir a uno de los coordinadores del trabajo: "No es contra un modelo
económico, sino contra un modelo de negocios que estamos peleando, que
si sigue avanzando va a terminar con muchos sectores, se va a perder
mucho empleo y va a provocar un encarecimiento brutal en el precio de
los alimentos para todos los argentinos".