La Secretaría de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de Jujuy denunció a los manifestantes ante la APDH. El gobierno jujeño recurrió al organismo de derechos humanos denunciando "excesos en el derecho de protesta". Desde la APDH rechazaron de plano el planteo: "Llamamos a escuchar las demandas populares, no a reprimirlas". Por Karina Micheletto. Me dijeron que en el Reino del Revés , nadie baila con los pies, Que un ladrón es vigilante y otro es juez. Y que dos y dos son tres.María Elena Walsh. Todo vale en el reino de Morales cuando la estrategia trazada es mostrar ferocidad. Hasta salir a pedir apoyo en contra de las protestas del pueblo jujeño y en apoyo a la represión provincial... a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
No es broma y no es fake: la secretaria de Derechos Humanos y Pueblos
Indígenas del Gobierno de Jujuy, Marcela Infante, envió un pedido formal
a la APDH para "poner en conocimiento y denunciar" "excesos en el
derecho de protesta que provocan cortes de ruta nacionales y
provinciales", calificarlos de "acción ilegítima", y pedir la
"inmediata" intervención del organismo. La APDH respondió a lo que
considera "una provocación más" señalando que viene apoyando,
justamente, esos reclamos, porque "la reforma Constitucional llevada a
cabo en Jujuy, implica un fortísimo retroceso en materia de derechos
humanos, entre otras razones por la restricción al derecho a la protesta
social, a la participación y a la manifestación y movilización
pacífica". Y recordando, de paso, que el Alto Comisionado de Naciones
Unidas por los Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido en una
carta que le envió al gobernador Gerardo Morales. Lejos de
buscarbsolucionar en estas tres semanas el conflicto, el gobierno jujeño
parece apostar a una escalada, tras denunciar penalmente a quienes
participaron de las protestas. Muchos y muchas de los que estuvieron
detenidos hoy siguen recibiendo notificaciones y se acumulan las causas,
a medida que se suman las contravenciones invocadas. Un caso entre
muchos al que tuvo acceso Página/12: al joven Kevin Nahuel Llanos, de 23
años, lo liberaron con dos causas abiertas; ayer se enteró que tiene
seis más, que van de resistencia a la autoridad y entorpecimiento del
transporte público a "estorbo funcional" y "estragos". Fue citado hoy al
juzgado y no puede pagar por su defensa.
El gobierno de Morales
difunde las "más de cien causas" como propaganda, con la enumeración de
multas que superan los dos millones de pesos y de las contravenciones
aplicadas: Desórdenes públicos, escándalos públicos, omisión al ceder el
paso a ambulancias, perjuicios a la propiedad privada o pública,
reuniones públicas tumultuarias... A una "persona con retraso madurativo
moderado", la multan con 42 días de trabajo comunitario.