Continúa la tensión en Jujuy: rutas cortadas, 21 personas detenidas y la decisión de resistir al autoritarismo de Morales. Nuevamente las fuerzas policiales se movilizaron hacia el lugar de mayor organización social. Llegaron a la provincia funcionarios del gobierno nacional con la intención de parar la represión y asistir a las víctimas. Organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales, campesinas y políticas condenaron este domingo la represión policial en Purmamarca, al norte de Jujuy, contra pobladores que rechazan la reforma constitucional aprobada recientemente, que dejó numerosas personas detenidas y heridas, mientras continuaba cortada la ruta nacional 9 y 52 en el ingreso al poblado.
El clima tenso se mantiene, ya que efectivos policiales nuevamente se
movilizaron hacia el lugar para intervenir por los cortes que se vienen
registrando en las rutas, aunque se flexibilizaba cada hora para
permitir la circulación vehicular.
A raíz de los hechos que tomaron
trascendencia nacional, llegaron a Jujuy el secretario de Derechos
Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y funcionarios del
Ministerio de Desarrollo Social para brindar asistencia y contención a
los afectados, entre ellos las personas detenidas, y tomar intervención
directa en el conflicto generado en Purmamarca y en la zona norte de la
provincia.
En esa localidad -ubicada a 65 kilómetros de San Salvador
de Jujuy- se registraron el sábado cuatro represiones por parte de la
policía jujeña contra integrantes de comunidades indígenas que se
manifestaban contra la reforma parcial de la Constitución local aprobada
recientemente, dijeron, «a espaldas del pueblo». Durante el accionar
policial fueron detenidas más de 40 personas y hubo al menos una decena
de heridos.
Los detenidos en su mayoría fueron trasladados hasta la unidad penal ubicada en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.
En
la tarde del domingo permanecían detenidas 21 personas (13 varones y
ocho mujeres) y varias de ellas se entrevistaron con sus abogados que
verificaron su situación y conocieron las causas de imputación por el
delito establecido en el Código Penal.
«La policía utilizó mecanismos
represivos que dejan sin posibilidad de reacción, porque va contra los
centros neurálgicos, causando lesiones gravísimas. La pérdida de un
órgano es una lesión gravísima», dijo hoy a Télam la abogada Alejandro
Cejas, quien se presentó por la defensa de Camilo Galli, periodista de
Purmamarca, y Hernán Oviedo, un turista de Buenos Aires, también
arrestado el sábado. Por ambos en la causa interviene la Fiscalía de
Delitos Complejos, y pedirá el cese de detención.
«Había un joven que
perdió un ojo y permanecía internado en Maimará y otra señora está con
perdigones en la cara, en la boca y en el ojo, pero no podían ser
derivados en las ambulancia ya que solo esto estaba disponible para los
efectivos policiales. Las balas de goma, por más que sean de goma, no
podés hacerla (disparar) a la cara. Es una locura lo que están haciendo
jurídicamente», apuntó.
Por su parte, Lucio Plaza, también abogado,
comentó que su defendido «estaba bastante golpeado y atemorizado. Él ni
siquiera estaba manifestando en ese momento porque estaba comiendo, pero
lo señalaron como una persona infiltrada y se lo llevaron». Comentó que
estuvieron varias horas sin conocer causa de imputación, por lo que «la
detención era arbitraria», expresó el letrado integrante de la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos de Jujuy. Los abogados cuestionaron
que «no hayan seguido los protocolos ni tampoco la reglamentación que
establece el código procesal penal» y estudiaban los planteamientos
legales a realizar. La imputación contra los detenidos es por artículo
194 del Código Penal que establece la prohibición de cortes de vías de
comunicación -con un máximo de tres años y un mínimo de tres meses de
pena- con lo cual «absolutamente todas las personas pueden acceder al
cese de detención y recuperar la libertad inmediatamente», explicaron.
En
toda la provincia, las protestas encabezadas por los docentes fue
creciendo en las últimas semanas en sintonía con el reclamo de otros
sectores de trabajadores por aumentos salariales y expresar en conjunto
su rechazo contundente a la reforma constitucional aprobada entre jueves
y viernes. Sus gremios ratificaron en asambleas la continuidad de las
medidas de fuerza con paro por tiempo indeterminado, y repudiaron la
represión policial contra las comunidades que protestaban contra la
reforma Constitucional.