El tribunal que condenó a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad desplegó todo su juego en las 1.616 páginas de fundamentos de la sentencia: respaldó acríticamente a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola; cuando la prueba no le alcanzó, la produjeron los propios jueces; descalificaron y denunciaron a los abogados defensores, utilizaron la duda en contra de los acusados y dieron por probados hechos conjeturales sin refutar los argumentos de los imputados, a los que incluso definieron como “farsa”. Para los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, Cristina Kirchner lideró una banda de delincuentes que operaron concatenadamente para favorecer al empresario Lázaro Báez, quien –como dijeron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola- eran lo mismo que ella y su difunto marido, Néstor Kirchner. Lo hicieron al solo efecto de beneficiarlos económicamente, adjudicándoles obra pública en Santa Cruz cuando podían haberla dedicado a otras provincias. Y si bien reconocieron que esa es una decisión política en la que no pueden opinar, terminaron condenando también por esa determinación. Porque, para ellos, adjudicar 51 contratos de obras viales a una provincia casi sin caminos fue una decisión delictiva, no una decisión política.