El ministerio de Economía rechazó los argumentos en contra de la fusión de Cablevisión y Telecom. Según una resolución de la Oficina Anticorrupción (OA) del año pasado, hubo conflicto de interés y violación a la ley de Ética Pública por parte de los funcionarios que aprobaron la operación. (Fuente: Carolina Camps) El Ministerio de Economía contestó una demanda judicial que busca impugnar la fusión entre Cablevisión y Telecom, aprobada en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
De esa forma, rechazó los argumentos que involucran a la cartera como
veedora del proceso, que aseguran se habría concretado con información
"falsa e incompleta" y desestimó por segunda vez la posibilidad de
revisar la fusión que dio origen a uno de los mayores conglomerados
mediáticos de la región. Según una resolución de la Oficina
Anticorrupción (OA) del año pasado, hubo conflicto de interés y
violación a la ley de Ética Pública por parte de los funcionarios que
aprobaron la operación. El expediente, que tramita el Juzgado Civil y
Comercial N°10, a cargo de Gonzalo Auguste, es impulsado por la abogada
Liliana Zabala, especialista en asuntos de propiedad participada y
representante de trabajadores telefónicos. La denuncia alega que dos de
los cinco miembros que integraban la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (CNDC) al momento de la fusión debieron excusarse por su
relación profesional con las empresas intervinientes, en el marco de un
claro conflicto de intereses. El titular del organismo, Esteban Greco,
había formado parte hasta febrero de 2016 de la consultora GPR Economía,
que tenía entre sus clientes a Cablevisión y a Telecom, para ponerse al
frente de la CNDC. De acuerdo con la ley de ética pública, el plazo
mínimo para actuar es de cinco años. La otra apuntada es Roberta Marina
Bidart, quien habría trabajado en la misma consultora hasta 2020, según
Zabala.
Fue este el motivo que dio lugar a una presentación ante la
Oficina Anticorrupción (OA) conducida entonces por Laura Alonso. Luego
de un "llamado de atención" por parte de la funcionaria macrista a
Greco, el caso llegó a la gestión actual del organismo de control. Félix
Crous, titular de la Oficina Anticorrupción hasta diciembre de 2022,
consideró que tanto Greco como Bidart no debieron participar de la
aprobación de la fusión, y elevó la resolución a la Justicia penal por
“la posible comisión de delitos de acción pública”. Además, aseguró que
desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas,
se le habría negado información clave para la investigación. La ley de
Defensa de la Competencia establece que es posible impugnar la fusión si
han habido maniobras de omisión u ocultamiento. Es por esta razón que
Zabala involucró en su presentación judicial a la cartera de Producción.
En septiembre de 2021 el representante legal del ministerio, Juan
Ignacio Rodríguez Jalón, negó 89 puntos de la demanda. La misma
respuesta tuvo este viernes, cuando el abogado volvió a rechazar los
argumentos.
Zabala impulsa el pedido de nulidad desde agosto de 2018
con base en tres argumentos. Además del conflicto de intereses
mencionado, asegura que Telecom no habría cumplido con los requisitos
establecidos en el pliego de licitación durante la compra de Entel en
los noventa, ya que adeuda el pago de la participación de ganancias a
sus trabajadores. Además, se sostiene que la sociedad Universo Net,
creada para descomprimir la conentración de mercado que poseían las
empresas cuestionadas, estaba formada por accionistas que a la vez eran
socios de Cablevisión y conformaban el directorio de Telecom.
A pesar
de la reciente negativa de Economía, el proceso aun está abierto,
avalado por las dos resoluciones emitidas por la OA. "La investigación
de la OA habilita para que la Justicia declare la nulidad absoluta",
había dicho Zabala al conocerse el dictamen de Crous.