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La querella de Cristina Kirchner destrozó a Capuchetti
"De la propia designación de María Eugenia Capuchetti en el Instituto
Seguridad Pública (ISSP) surge que es una instancia de apoyo a la
conducción política del sistema de seguridad integral" del gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, "es totalmente incompatible con la función
judicial", advirtió Marcos Aldazabal, uno de los abogados de la querella
de Cristina Fernández de Kirchner, en la audiencia por la segunda
recusación planteada contra la jueza a cargo de la causa del intento de
magnicidio. "El ISSP es un aguantadero o una caja política (...) es un
instituto dedicado a la violación de la independencia de poderes",
señaló, luego de recordar que el propio ministro de Justicia y Seguridad
porteño, Marcelo D'Alessandro, de quien dependía ese organismo, se
consiguió una designación como profesor allí apenas se tomó licencia en
el cargo tras el escándalo de los chats donde habla de fallos de su
interés con un colaborador del supremo Horacio Rosatti. El otro punto
crítico que expuso el letrado y que completó José Manuel Ubeira, es que
Capuchetti no investigó hasta ahora la responsabilidad de la policía
porteña, también bajo órbita de D'Alessandro, en el ataque a CFK, pese a
que tenía desplegados gran cantidad de agentes de la zona de su casa
ese día y los previos.
Razones para recusar
El posible interés
de Capuchetti en la causa que le toca investigar sobre el ataque a la
vicepresidenta y la falta de imparcialidad dado que "asesora a un órgano
político" del gobierno porteño fueron el eje de la exposición de la
querella para pedir su apartamiento de la causa. Es la segunda vez que
la recusan. La primera, los abogados señalaron un sinfín de
irregularidades y demoras en la investigación. Pero el camarista
Leopoldo Bruglia rechazó el planteo, que ahora está a estudio de la
Cámara de Casación Penal. El mismo juez deberá decidir por el nuevo
pedido. Este jueves dirigió la audiencia en la que sólo estuvieron
Aldazabal y Ubeira, quienes se quejaron de las "lastimosas páginas" de
respuesta a su recusación, en la que no explicó qué tareas cumple en el
ISSP, ni la autorización "de superintendencia" para ejercer esa función.
Sólo habló de que desempeña "actividades académicas". El propio
instituto había emitido un comunicado donde decía que trabaja allí desde
2014 y que se dedica a la docencia. Su última designación, de comienzos
de este mes, es como "investigadora senior". Los abogados dijeron que
no tiene antecedentes para ese cargo y que el único trabajo que se le
atribuye como tal es sobre erradicación de la violencia contra las
mujeres. "No lo encontramos en ningún lado", dijeron.
"La señora
jueza no es investigadora, no era docente, tiene un curro en la Ciudad
de Buenos Aires que le facilita 75 mil pesos por mes por no hacer nada",
estalló Ubeira en la sala de audiencias. "No importa el monto. Si se lo
pagaba el Rotary Club me importa un rábano", agregó. "Pero la jueza
recibe un estipendio de un organismo que tiene carácter ejecutivo y debe
ser investigado. Y que genera toda la estructura previa que facilitó el
atentado", remarcó Ubeira, en relación al operativo de la policía
porteña montado en los alrededores de su domicilio en Juncal y Uruguay.
También sostuvo que le llamaba la atención que habiendo hecho un trabajo
sobre violencia contra las mujeres llevara la causa con parsimonia y
omisiones, más aún teniendo en cuenta que hubo un pronunciamiento del
Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de
Belem do para de la OEA que señaló "repudio y preocupación" por el
intento de magnicidio contra CFK.
El Instituto
Aldazabal explicó
que el ISSP es una suerte de academia de policía, para las/los policías
de la Ciudad y para los funcionarios que se ocupan de diseñar e
implementar las políticas. Pero aclaró que no tiene carácter académico,
como una universidad. La policía porteña, de hecho, tiene un instituto
universitario específico. Las universidades son autónomas, eligen sus
propias autoridades, pero el instituto de seguridad no. A sus miembros y
autoridades los elige el ministro de seguridad, en este caso
D'Alessandro. Recordó, como habían planteado por escrito, la paradoja de
que las autoridades pertenecen al Ministerio Público Fiscal de la
ciudad. El director, Gabriel Unrein, es fiscal ante la Cámara del fuero
penal contravencional y de faltas; el número dos es el jefe de todos los
fiscales; el director académico es Alan Nessi, que tuvo que renunciar a
un concurso para fiscal "luego de que lo descubrieron copiándose en un
examen". Todo esto, insistió Aldazabal, ilustra la parte de la
"violación a la independencia de poderes". "Imagínese si el fiscal ante
esta Cámara tuvieran un cargo de director en el Ministerio de Justicia
de la Nación", le dijo a Bruglia.
"D'Alessandro tenía una
relación laboral con Capuchetti. Es quien se dedicaba a armar causas y
cobrar coimas según los chats", que se deben investigar, señaló
Aldazabal y recordó su participación en el viaje a Lago Escondido con
jueces, el jefe fiscal, un exespía y un consultor. "El instituto está
reservado a la política, de ningún modo a un juez", dijo. "Es realmente
grave que Capuchetti trabaje ahí (...) no es una universidad", agregó.
"El propio comunicado del ISSP dice que ella se desempeña en el
Observatorio de Políticas de Seguridad de la CABA, que orienta el diseño
de políticas públicas y toma de decisiones por parte de las
autoridades, proponer normas vinculadas a la seguridad".
La policía
La
querella recordó que Capuchetti abrió un legajo especial para
investigar a las fuerzas de seguridad, pero decidió poner el foco en la
custodia de la Policía Federal que cuida a la vicepresidenta. Sin
embargo, no profundizó en el papel de la policía porteña, fuerza que
está bajo el mando de D'Alessandro, que desplegó decenas de efectivos en
los días previos al intento de magnicidio alrededor de la vivienda de
CFK. Reprimieron a manifestantes que iban a darle apoyo en los días en
que el fiscal Diego Luciani desplegaba su alegato en el juicio de
Vialidad (para pedir 12 años de cárcel), sacaron fotos desde los
balcones, "no impidieron circular a personas violentas", "dejaban pasar
hasta el edificio a personas cuya consigna era matar a la
vicepresidenta". "No les llamó la atención que se vendan copos de azúcar
en ese lugar (...) en la causa sobre Revolución Federal surgió que sus
miembros tenían buena relación con la Policía de la Ciudad", repasó
Aldazabal. Remarcó que el 27 de agosto, a días del ataque, ya estaba
allí Fernando Sabag Montiel, armado, y nadie lo advirtió. Días después
intentaría disparar. "Aquí puede haber delitos y omisiones", dijo el
abogado.
Las asesoras de Milman
En otra audiencia, también ante
la Cámara Federal, los abogados plantearon que el contenido de los
celulares de las secretarias del diputado del PRO Gerardo Milman
--señalado por un testigo como quien dijo "cuando la maten voy a estar
camino a la costa" -- se debe analizar desde al menos un mes antes del
ataque. La jueza quería usar solo los mensajes y otros elementos
posteriores. Todavía no se analizó nada de los teléfonos. Ya se
cumplieron cuatro meses del intento de magnicidio.
"Donde tocamos a
Milman salta pus por todos los costados. La jueza y el señor fiscal
(Carlos Rívolo) están todavía muy pendientes de si el testigo que estaba
en el bar era veraz o no. Y cuando rascamos la pintura, este Milman
hace agua por los cuatro costados. Si ustedes quieren darle algún tipo
de contexto a esta investigación, hay que ir a donde la investigación
nos lleve, caiga quien caiga", sostuvo Ubeira.
03/02/2023 (7201)
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