las denuncias de las provincias de Buenos Aires y Santiago del Estero
contra Silvio Robles, asistente del titular de la Corte, así como otras
vías en las que se expresó disconformidad con la actuación del Poder
Judicial, no son invento del Frente de Todos, sino la eclosión del sordo
malestar que fue acumulando la sociedad. En todas las encuestas, el
sistema de administración de justicia aparece como el menos confiable.
Sólo uno de cada diez argentinos confía en el sistema judicial. En 2019,
la Universidad San Andrés dictaminaba que el 80 por ciento tenía mala
imagen de la Corte y que esa repulsa se mantenía desde el 2016. El
rechazo obtuso de Juntos por el Cambio al pedido de juicio político a
los cuatro jueces que integran el alto tribunal, más que de los
magistrados es una defensa de sí mismos como fuerza política. El Poder
Judicial, al igual que los otros poderes de la República está integrado
por seres humanos, no es perfecto, y muchas de las prácticas que ahora
se denuncian, existían antes. Pero fue la alianza que se reunió
alrededor de Mauricio Macri la que aplicó en forma sistemática el
copamiento de áreas estratégicas del Poder Judicial para lanzarlas a la
persecución, humillación y proscripción de sus adversarios políticos.
El
juicio político a la Corte es una institución democrática. Cuando
existe vocación democrática y la tranquilidad de saberse inocente, la
actitud siempre ha sido aceptar el funcionamiento de las instituciones.
Ningún kirchnerista y peronista trató de evadir a los tribunales.
Sin
embargo, el principal asesor judicial de Macri, Pepín Rodríguez Simón,
está prófugo en Uruguay, con la complicidad del presidente derechista de
ese país. Y ni hablar del fiscal al que el macrismo delegó el grueso
del trabajo sucio, Carlos Stornelli, que durante nueve meses evadió la
presentación ante la justicia en una causa por extorsión y espionaje
ilegal. Finalmente se presentó cuando le garantizaron protección y que
cambiaría de tribunal.
La actitud de Juntos por el Cambio, como
cuerpo político, es la misma, porque en vez de aceptar el accionar de
una institución democrática como el juicio político, concebida para
evitar bolsones de impunidad, no sólo se opuso, sino que además tampoco
quiso que se discuta. Ya habían anunciado que no iban a dar quórum, para
de esa manera impedir, siquiera, que se discuta el pedido. Decidieron
asistir cuando tomaron consciencia de que el oficialismo tenía quórum
propio en la comisión de juicio político. Esa negativa es propia de
alguien que tiene cola de paja. Lo más lógico hubiera sido que desde el
principio aceptaran el dictamen del juicio político. Sabían que es casi
imposible que en el recinto el oficialismo reúna el respaldo de los dos
tercios de los diputados con lo que el juicio político no tiene
posibilidad de prosperar.
A pesar de eso se opusieron porque no es el
juicio lo que les interesa, sino la ventilación pública de sus
palometas. Por más que digan que fueron hackeados y son ilegales, los
mensajes del celular de Marcelo D'Alessandro, secretario de Justicia y
Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, son verdaderos. Y son muy
incriminantes sobre la relación inmoral del gobierno de CABA con el alto
tribunal, en un fallo fundamental que altera la distribución de la
coparticipación entre las provincias.
Hay confianza y guiños en el
diálogo entre D'Alessandro y Robles. Es como el de cómplices que se
ponen de acuerdo para cometer una fechoría. De allí en adelante, esta
Corte no sirve para dirimir ningún pleito que involucre a las
provincias, porque ellas estarán en todo su derecho de desconfiar de su
ecuanimidad.
La comisión de juicio político deberá decidir si hay
mérito para que los Diputados debatan el tema en el recinto. El jueves,
cuando comenzó la reunión de la Comisión, Juntos por el Cambio quiso que
antes de discutir el pedido de juicio político, se convocara a una
larga lista de personajes para que expusieran que no había que discutir
nada. El Frente de Todos respondió que esa discusión no era necesaria
porque se decidía por votación.
Los medios macristas publicaron
maliciosamente que el Frente de Todos no había aceptado los testigos del
macrismo. Recién el 4 de febrero, cuando comience el debate en la
comisión se conocerá la lista de las personas que darán testimonio a
favor y en contra. Si el pedido recibe dictamen favorable de la
Comisión, tendrá tres años de plazo para ingresar al recinto.
El
diputado Fabio Quetglas sugirió que los mensajes obtenidos de forma
ilegal son considerados como si hubieran sido obtenidos con torturas.
Quiere decir que es como si la fuerza política que representa hubiera
torturado a Cristina Kirchner contra quien usaron escuchas ilegales, y
que también fueron torturados los familiares de las víctimas del ARA San
Juan, que fueron espiados ilegalmente por Mauricio Macri, y que fue
torturado Héctor Timerman cuando usaron una escucha ilegal para reabrir
una causa en su contra. Con el agravante que ninguna de esas escuchas
era incriminante como los mensajes de D'Alessandro.
El informe que
presentó el lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el
secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, fue aplaudido por
el casi centenar de representantes que lo escucharon. El informe incluyó
la denuncia del lawfare (el Poder Judicial forma parte del Estado, y
por lo tanto el lawfare es una violación a los derechos humanos), y dio
como ejemplo, la persecución a Cristina Kirchner.
De las decenas de
representaciones y comentarios que se hicieron sobre el informe, hubo
sólo tres que se refirieron al tema del lawfare. Al día siguiente,
Clarín y La Nación, sacaron de contexto e hicieron interpretaciones
subjetivas con las que configuraron con grandes titulares que la ONU
había criticado duramente la exposición de Pietragalla sobre lawfare.
Irina Hauser aclaró en forma contundente en Página 12 que era una enorme
mentira de estos medios.
La ONU no había criticado a nadie sino que
se trataba de recomendaciones de algunos de los presentes, sacadas de
contexto e interpretadas con malicia. Uno de ellos, el representante
chileno se quejó porque habían sacado de contexto su frase sobre 'la
importancia de la independencia de los sistemas de justicia. Esto es
fundamental en un Estado de Derecho y coincidimos con el secretario de
DD.HH de Argentina, en que esa situación debe ser garantizada'.
La
campaña mediática continuó ahora con la visita del canciller alemán Olaf
Scholz. Aseguran que se realizará en un clima de inquietud por la
ofensiva del gobierno contra la Corte. Es un tema que ni figurará en la
agenda. Scholz viene más interesado en ampliar el comercio, conseguir el
gas y el petróleo que ya no llega de Rusia, que de hablar sobre temas
internos de Argentina.
En todo caso habría que aclarar el contexto de
las recomendaciones del representante germano en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. Pietragalla había explicado y dado pruebas del
lawfare, del uso político de la Justicia.
El comentario del
funcionario europeo fue: 'Alemania está preocupada por los intentos de
ejercer influencia política en el sistema judicial'. Si hubiera querido
criticar al gobierno lo hubiera nombrado. “Ejercer influencia política“
era lo que había denunciado Pietragalla. Y por supuesto que desde el
punto de vista institucional el gobierno tiene que ser el que evite esas
influencias. Pero en ningún momento dice que es el que las ejerce.
Después
de los sucedido en Brasil con Lula, y en Bolivia con Evo, el Poder
Judicial de los países de la región está desprestigiado en el plano
internacional.