En el encuentro virtual, la conducción del Frente de Todos comenzó a
definir la estrategia frente al proceso de destitución de los cuatro
jueces de la Corte Suprema y, de paso, aprovechó para dejar asentado su
control sobre la mayoría de la comisión. El proyecto se presentará hoy
jueves y, aunque se basará en el documento firmado por el presidente y
los 11 gobernadores, serán les diputades oficialistas quienes
suscribirán el pedido de destitución. No se descarta, además, que el
texto final incorpore nuevos elementos a la acusación. La verdadera
señal de largada, sin embargo, la dará el Presidente con la convocatoria
a extraordinarias, cuya publicación se terminó retrasando una semana
pero se estima que habilitará el comienzo del debate para el 23 de
enero. "Buena reunión. Todos presentes. Muy participativa", resumió,
instintivamente, una espada oficialista apenas finalizó el zoom con el
resto de les integrantes de la comisión de Juicio Político. La reunión
se había extendido durante más de dos horas y había funcionado como una
primera instancia de trabajo para ordenar el esquema de actividad de la
comisión, discutir lineamientos generales del proyecto que se presentará
hoy y repasar las herramientas disponibles por el reglamento para
ahondar en la investigación sobre el mal desempeño del Máximo Tribunal.
"Impulsaremos un debate profundo, con argumentos, alejados de toda
chicana e interés mezquino", aseguró el bloque oficialista a través de
un comunicado que se publicó horas después del encuentro.
El zoom
había funcionado, a su vez, como una estrategia de consolidación de los
16 votos que el oficialismo cuenta en la comisión. Y es que con una
mayoría ajustada —16 de 31—, el FdT no puede correr el riesgo de que
algún legislador pegue el faltazo y haga derrumbar el quórum. El
incipiente calendario de trabajo anticipa una actividad intensa, de dos o
tres reuniones por semana que pueden duras horas y horas. Si un día,
une de les legisladores falta por cualquier motivo, las reuniones de
comisión se quedarán sin número, ya que tanto Juntos por el Cambio —que
cuenta con 14 diputades en la comisión—como el "Topo" Rodríguez —el
único diputado del Interbloque Federal en la comisión— anticiparon que
no colaborarían con el quórum. Por este motivo es que, durante la
reunión, se decidió oficializar el primer (y, por ahora, único) cambio:
el de la diputada santafesina Vanesa Massetani. Si bien surgieron muchas
especulaciones respecto a los motivos de su reemplazo —la legisladora
responde a Sergio Massa, quien aún no ha dicho ni mú sobre el pedido de
juicio político—, en el bloque oficialista aseguraron que el cambio de
nombre tenía que ver con un problema de índole personal de Massetani.
Puntualmente: un familiar de la diputada arrastra un problema de salud
que conlleva un tratamiento que le impedirá dedicarle a la comisión todo
el tiempo que demanda. El encuentro virtual sirvió también para
terminar de diagramar la presentación del proyecto. Y es que serán les
diputades oficialistas —y no el Ejecutivo— les que suscribirán el pedido
de juicio político para que, entre otros motivos, la vigencia de la
iniciativa pueda extenderse durante tres años (ya que si fuera
presentado por el Ejecutivo tendría solo un año de vigencia).
El
proyecto final, a su vez, no será idéntico al firmado por Alberto
Fernández y los gobernadores. Según pudo saber Página12, la conducción
de la comisión analiza incorporar nuevos hechos a la acusación basándose
en pedidos de juicio político presentados en el pasado. Uno de ellos
fue presentado por Vanesa Siley en 2020 contra Carlos Rosenkrantz —en
esa época era presidente de la Corte— por su actuación en causas de
violación a los derechos humanos. No es el único: también está pendiente
un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Este fue
presentado, curiosamente, por la líder de la Coalición Cívica, Elisa
Carrió, en 2017 —cuando Lorenzetti aún era presidente de la Corte— y fue
ratificado nuevamente el año pasado. El FdT no perderá oportunidad para
traerlo a colación durante el debate, buscando así meter una cuña en
JxC.
La presentación de hoy jueves contará con la firma de un grupo
de diputades oficialistas que no integran la comisión de Juicio
Político. El objetivo es evitar cuestionamientos a la imparcialidad del
proceso de investigación, ya que si bien el rol de la Cámara de
Diputados es acusar —es el Senado el que juzga—, el bloque oficialista
ya comenzó a recibir algunas críticas.
La última fue el pedido de
apartamiento de Carolina Gaillard como presidenta de la comisión de
Juicio Político realizado por el diputado de Evolución Rodrigo De
Loredo, quien denunció que la diputada entrerriana no podía "garantizar
la objetividad del proceso" por declaraciones que había hecho en los
medios. Desde el bloque, rápidamente, salieron a desmentirlo haciéndose
eco de jurisprudencia de la Corte Suprema —firmada por el propio Horacio
Rosatti— que rechaza recusaciones a los integrantes de un órgano de
enjuiciamiento.
Todavía a la espera de la convocatoria de sesiones
extraordinarias, el bloque oficialista especula con que el debate en
comisión comenzará la última semana de enero. Será una actividad intensa
para la que se espera que haya muchos invitados: constitucionalistas,
peritos informáticos, especialistas y distintos testigos sobre el "mal
desempeño" de los magistrados.
Ya está definido que se convocará a
declarar al (ahora de licencia) ministro de Seguridad porteño, Marcelo
D'Alessandro, y al vocero de Rosatti, Silvio Robles, para que den cuenta
de los chats en los que coordinaban acciones frente a fallos del Máximo
Tribunal (como el de la coparticipación porteña y el juego de sillas
del Consejo de la Magistratura). A diferencia del caso de los jueces de
la Corte —que también serán convocados—, a Robles y D'Alessandro la
comisión puede obligarlos a comparecer, por lo que en el FdT hay mucha
expectativa sobre las repercusiones públicas que tendrá el proceso de
investigación una vez que comience.