Tailhade prepara su contragolpe: va a presentarse el lunes para hacer
un descargo y denunciar una treintena de delitos que surgen de los
intercambios que se le atribuyen a D’Alessandro. “Voy a pedir que se
abran tantas investigaciones como delitos hay”, le dijo a Página/12.
Antes
de que terminara la primera semana de enero, Stornelli firmó un
dictamen en el que pedía investigar la posible existencia de maniobras
de inteligencia ilegal contra D’Alessandro, que le había apuntado a
Tailhade en su denuncia. ¿Por qué? Porque el diputado del FdT dijo que
se conocerían nuevos chats alrededor de las 13.30 del jueves 29 de
diciembre en la columna que tiene en la radio AM 530. Para entonces, la
filtración llevaba varias horas circulando por los teléfonos de
políticos y periodistas.
Stornelli –procesado por sus andanzas con el
falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio– aprovechó y se despachó con
una serie de medidas que autorizó la jueza María Eugenia Capuchetti
antes de salir de vacaciones. “No tengo nada que ver con esto. Estoy a
disposición. No tengo ni la más remota idea de cómo se creó ese sitio
(desde donde se distribuyeron los chats)”, dice Tailhade. “Si se trabaja
con conciencia, se va a saber quién lo hizo”, completa y añade que va a
plantear que no reconoce la legitimidad de Stornelli por estar
procesado en una causa de espionaje.
Tailhade irá con un escrito para
pedir que se extraiga testimonio de los chats que están publicados y se
investiguen los delitos –algunos en Comodoro Py y otros en la justicia
ordinaria–. Según anticipa, son alrededor de 30 posibles acciones
ilegales las que detectó. Entre ellas, se destacan, por ejemplo, las que
surgen de los intercambios que habría mantenido el ministro de Justicia
y Seguridad porteño –ahora de licencia– con una deleted account (cuenta
borrada) que le pertenecería a Juan Ignacio Bidone.
Bidone es
consorte de causa de Stornelli. Fue el fiscal de Mercedes que terminó
condenado a tres años y ochos meses de prisión por proveer información a
D’Alessio que le servía para extorsionar al empresario Gabriel
Traficante. De ser ciertos los chats, Bidone habría mantenido una
práctica de suministrarle información también a D’Alessandro a la que él
solo podía acceder en su calidad de representante del Ministerio
Público.
Por ejemplo, surge que habría pedido información de un
comisario de nombre Ángel Humberto Ponce o de un coronel retirado, Mario
Fernando Troncoso, que había sido pasado a disponibilidad por Nilda
Garré cuando estaba al frente del Ministerio de Defensa. D’Alessandro se
habría interesado por Troncoso cuando se desempeñaba en una agencia de
seguridad privada. Hay otro caso que detectó Tailhade: también requirió
informes sobre el comisario Héctor Pedro Cajida y explicó que fue uno de
los oficiales que más se opuso al traslado de parte de la Policía
Federal Argentina (PFA) a la Policía de la Ciudad. Cajida fue uno de los
encargados del comando de seguridad que se armó para la cumbre de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), que el macrismo organizó en
2017. Tailhade también denunciará que D’Alessandro recibió información
de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre las organizaciones
Barrios de Pie y Libres del Sur cuando participaban de la marcha federal
de 2018.
El viernes, el ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Martín Soria, presentó otra denuncia contra D’Alessandro. En esa
presentación, se hace foco, por ejemplo, en las conversaciones con el
empresario Marcelo Violante, dedicado al negocio de las grúas y de las
playas de estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires.