El Gobierno no acatará el fallo de la Corte Suprema. El Estado nacional presentará un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria “in extremis” contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95 por ciento del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.
"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual
construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir,
le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos
adicionales a los que ya percibe", argumentó el Gobierno, a través de un
comunicado. La decisión del gobierno se conoce horas después de que el
Presidente se reuniera con algunos gobernadores de manera presencial y
otros conectados a través de modalidad virtual. De manera presencial
estuvieron el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el formoseño Gildo
Insfran, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Ricardo Quintela; el
tucumano Osvaldo Jaldo; el catamarqueño Raul Jalil; el sanjuanino Sergio
Uñac; el santiagueño Gerardo Zamora; el chubutense Mariano Arcioni y el
pampeano Sergio Ziliotto.
Bajo la modalidad virtual asistieron el
mandatario chaqueño Jorge Capitanich; el fueguino Gustavo Melella; el
misionero Oscar Herrera Ahuad; y la santacruceña Alicia Kirchner.
También estuvieron presentes el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de
Pedro; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de la
Presidencia, Julio Vitobello; y el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel
Olmos.
El texto de Presidencia
En la actualidad, según la ley
27.606 vigente y aprobada por el Congreso Nacional en el año 2020, la
Ciudad de Buenos Aires recibe, como lo hace desde el año 2002, el
equivalente al 1,4% del total de los fondos coparticipables y, además,
el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía de la
Ciudad de Buenos Aires que se le transfirió en el año 2016.
En un
fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual
construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir,
le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos
adicionales a los que ya percibe.
Sostiene también, de manera
insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a
las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos
saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas,
en todo el territorio de la Nación.
"En síntesis, en un fallo
político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende
sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de
gobierno de la CABA.
Esta medida es, en las condiciones actuales, de
imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley
el presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal
finalidad.
Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir
a los órganos competentes del Estado Nacional a RECUSAR A LOS MIEMBROS
DE LA CORTE SUPREMA y a presentar el pedido de revocatoria 'in extremis´
de la resolución cautelar dictada.
Por su parte, los gobernadores y
gobernadoras de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco,
Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis,
Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, al verse
afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión
adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus
jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos
por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros
firmantes de dicha medida cautelar y para que soliciten la revocación
´in extremis´ de la misma.