De esta manera la causa de la quiebra de la empresa correo sufre un
nuevo parate hasta tanto la Corte defina si la justicia porteña tiene
competencia para intervenir en el caso.
El fallo fue
dividido, y mientras las juezas Matilde Ballerini y María Elsa Uzal
votaron por la suspensión del proceso, la jueza Guadalupe Vázquez lo
hizo en disidencia, en contra de suspender el concurso.
A pesar
de que las juezas dejaron a salvo su postura contraria a que corresponda
la intervención del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad,
determinaron que corresponde esperar que se pronuncie la Corte antes de
seguir adelante.
La Procuración General de la Nación, con la
firma de Eduardo Casal rechazó en agosto pasado la intervención de ese
tribunal porteño como proponía la empresa SOCMA que intenta que la
justicia de la Ciudad aparte a la fiscal Gabriela Boquín del expediente.
Justamente,
el intento de los Macri para que intervenga el TSJ porteño fue parte de
la ofensiva para sacar a la fiscal Boquin, quien en su momento reveló
las maniobras del Correo para no pagar su deuda millonaria, y a la jueza
Marta Cirulli que dispuso la quiebra.
El Correo, en especial su controlante Socma, confía en tener jueces aliados en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires.
En
2001 comenzó el concurso de acreedores del Correo Argentino S.A., y en
2016 con Macri ya presidente, el Poder Ejecutivo aceptó una oferta para
que se pagara en cuotas la deuda. La fiscal Boquín denunció que el
acuerdo era “abusivo”, con una quita del 98,87 por ciento de la deuda, y
que aceptarlo perjudicaba los intereses del Estado. El acuerdo no llegó
a concretarse.
En marzo del 2021 la familia Macri había ofrecido
pagar poco más de mil millones de pesos, pero la Procuración del Tesoro
rechazó la oferta. En julio la jueza dictó la quiebra pero una
apelación suspendió la misma a la espera de la resolución de la Sala B
de la Cámara.
Tras la jubilación de María Lilia Gómez Alonso, el
tribunal quedó integrado por las jueza Matilde Ballerini y María
Guadalupe Vázquez. Luego se sorteó la tercera jueza para definir en el
caso, María Elsa Uzal. Pero antes de resolver sobre la quiebra en sí,
sostuvieron que la Corte debe definir otros planteos.
Los dueños
de la firma sostienen que como las recusaciones a Boquín y a Cirulli se
hicieron antes del decreto de quiebra, si se hiciera lugar al
apartamiento solicitado todo lo actuado en consecuencia sería nulo. Los
abogados de SOCMA también sumaron la recusación de María Guadalupe
Vázquez.