“Teniendo en cuenta la vital importancia del transporte fluvio-marítimo
para el comercio exterior y su incidencia en la balanza comercial,
corresponde ponderar la experiencia de los proponentes en la ejecución
de obras de dragado en ámbitos de similares características”, destacó la
resolución de la AGP, anticipando de esta manera el peso que tendrán
los antecedentes técnicos de los oferentes.
El organismo comenzó con
el proceso licitatorio corto, que terminó anulando el viernes, en
diciembre del año pasado, cuatro meses después de haber tomado la
gestión de la vía navegable. La expectativa era contar con la revisión
técnica y los resultados para enero de este año y poder realizar la
firma licitatoria desde marzo a septiembre del 2022 cuando, según el
cronograma original, debería comenzar a operar el consorcio definitivo.
Para
el dragado se presentaron cuatro grupos oferentes: la Compañía
Sudamericana de Dragados (CDS), empresa local de la belga Jan de Nul que
opera en el lugar desde 1995 primero como integrante del consorcio
Hidrovía S.A. y desde septiembre como contratista directa de AGP; Emepa
de Gabriel Romero, asociada con la danesa Rodhe Nielsen encargada del
dragado del puerto de Mar del Plata; la UTE conformada por la empresa
belga Dredging International, la china CCCC Shangai Dredging y
Servimagnus, del empresario local Ricardo Román con un antecedente poco
feliz por haber incumplido obligaciones contractuales en las obras
adjudicadas en el Canal Martín García; y la holandesa Boskalis que
cuenta con experiencia en el dragado de algunos canales tanto en
Argentina como en Brasil. Pasado un mes, la comisión evaluadora de
ofertas de la AGP dictaminó a principios de febrero que sólo CDS se
encontraba habilitada para pasar a la segunda instancia licitatoria. Es
que los otros tres consorcios fueron descalificados por no cumplir con
algunos de los puntos que exigían los pliegos. Rodhe Nielsen-Emepa
presentó incumplimientos en competencia técnica, plan de trabajos y
disponibilidad e información de equipos. La UTE conformada por la belga
Dredging International-CCCC-Servimagnus no pudo garantizar la
disponibilidad de equipos ni acreditar la competencia técnica requerida.
La holandesa Boskalis fue descalificada por no cumplir con el plan de
trabajos y memoria descriptiva, listado de personal, currículum de
trabajadores, disponibilidad de equipos y competencia técnica.
Conocida
la resolución, dos de los consorcios descalificados decidieron dar
pelea. Rodhe Nielsen junto con Emepa lo hizo de manera formal y, tras
pagar una tasa de 800.000 dólares no reintegrable, impugnó el concurso
para que se revise el dictamen de la AGP. En tanto Dredging
International-CCCC y Servimagnus manifestó su rechazo por la vía
política: enviaron una carta al ministro de Transporte Alexis Guerrera
en disconformidad por la calificación negativa de los antecedentes
técnicos dictaminados por la comisión evaluadora. Ante la amenaza de
que la impugnación de Emepa pudiera judicializarse y ralentizar aún más
el proceso licitatorio, AGP decidió anular el proceso y realizar una
nueva convocatoria con un nuevo proyecto de pliego de bases y
condiciones que deberá estar listo antes del 7 de abril. La resolución
firmada por José Beni destacó que “al quedar una sola propuesta en
condiciones de ser precalificada, se ha visto acotado el grado de
participación real y efectiva, frustrándose así la posibilidad de
conocer mayor cantidad de ofertas económicas”. En tanto CDS, la única
empresa que había pasado el filtro técnico y por lo tanto perjudicada
por esta decisión, aseguró en una comunicación interna que "se encuentra
analizando el curso de acción a seguir " y asegura estar dispuesta a
"agotar todas las instancias disponibles para objetar esta medida a
todas luces tendenciosa y carente de argumentos”.
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Mientras prepara los nuevos pliegos para la licitación corta el
organismo portuario extendió el contrato vigente con CDS. Ambas empresas
mantienen desde septiembre contratos directos para realizar obras
temporarias de dragado para garantizar las condiciones de navegabilidad
en un contexto de bajante del Río Paraná. Es que la intempestiva
decisión de que la AGP tome la concesión temporaria de la ruta fluvial
Paraná-Paraguay ante la presión social por no renovar el contrato
vigente con la concesionaria Hidrovía, que operaba desde 1995 sin
control estatal, no dio tiempo a la sociedad del Estado a elaborar los
pliegos, recibir las propuestas, realizar la evolución técnica y
finalmente firmar una licitación corta para el mantenimiento del canal.
En ese momento, la empresa resolvió firmar un contrato simple con las
dos compañías que conformaban la operadora saliente- Emepa y Jan de Nul-
y por lo tanto contaban con los equipos y el conocimiento del trabajo.