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Correo M: Quiebra y Fraude
En duros términos, y hasta justificándose respecto a las presiones
públicas que hizo el propio Mauricio Macri y la plana mayor de Juntos
por el Cambio, la jueza dio el primer paso para un nuevo escenario. Será
la sindicatura general la que tenga un plazo de 6 meses para verificar
las pruebas obrantes en el expediente y solicitar, si considera la
mención al fraude de los administradores y directivo que detalla la
sentencia, la extensión de la quiebra a las controlantes, SOCMA y Sideco
Americana S.A., las firmas holding de los Macri. Ese es el principal
temor del expresidente: que deban afrontar el pago de la deuda.
Carlos
Zannini dijo que no subestima la capacidad de los abogados de Macri
para alargar cualquier proceso en la causa Correo Argentino y recordó
que el proceso de salvataje empezó en marzo del 2010 y pasaron 11 años
hasta que se decretó la quiebra.
El decreto de quiebra será revisado
por la Sala B de la Cámara Comercial que tramitó los múltiples
incidentes y contingencias que tuvo el caso pero que buscó abstraerse en
el último lapso para analizar como una hoja en blanco. En agosto de
2020, el Estudio Evaluador había concluido que el pasivo superior al
activo daba como resultado que el paquete accionario valía cero. Eso
explica por qué todas las empresas, salvo Correo, habían desistido del
salvataje.
Cirulli destinó su escrito a clarificar dos asuntos. El
Estado no había sido “acreedor hostil” como postularon los Macri por no
aceptar su última oferta y detalló las múltiples audiencias de
conciliación donde asistieron representantes oficiales en el transcurso
de todo este proceso. Es que la reedición del período de “cramdown”
replica lo que había ocurrido –calcado- en 2010. Pero lo central fue que
tampoco la empresa había alcanzado de manera legítima las mayorías
necesarias de acreedores para evitar la quiebra. Tuvo protagonismo el
dictamen de los hallazgos de la fustigada fiscal Gabriela Boquín: el
Meinl Bank articuló de manera dudosa las conformidades con las que se
buscaba el salvataje. Un dato solo para observadores.
Correo
estructuró a sus acreedores en cuatro grupos –A, B, C y D- pero la ley
prevé que se requieran mayorías absolutas en todos los grupos para
alcanzar el umbral legal. El Estado, el principal, había quedado en
soledad en la A. ¿Hubo mala praxis o el que aconsejó semejante
organización calculaba que el Estado iba a prestar su aval explícito
para que sea homologado el acuerdo? Misterios.
“La deudora no aportó
conformidades que cumplan con la exigencia legal señalada”, fue la base
de la que partió Cirulli, porque las “conformidades” que agregó Correo
eran anteriores a las de su última propuesta, pero las quería hacer
pasar por actualizadas. La fiscal de primera instancia también propició
la quiebra por no adecuarse a la Ley de Concursos y Quiebras. Pero la
jueza fue más allá y recordó que muchas de esas conformidades habían
sido prestadas en 2007, hace 13 años y en condiciones distintas a las
actuales.
“A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los
indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones de
nuestro signo monetario con gran pérdida del valor adquisitivo, lo cual
es de conocimiento público. En esa situación, no podría razonablemente
suponerse que aquellos acreedores Categoría C -antes aquiescentes-
aceptarían ahora la llamada mejora de propuesta, tratándose de créditos
devengados hace dos décadas”, sostuvo con lógica.
El tramo que
desmiente cualquier defensa de la propuesta del Grupo Macri, Cirulli lo
graficó así: “Aunque la concursada ofrece abonar el 100% de los créditos
verificados como quirografarios laborales verificados, esa sola
circunstancia no convierte en auspicioso lo propuesto, pues el pago se
efectivizaría en diez cuotas anuales, iguales y consecutivas del 10%
cada una contadas desde la adquisición de firmeza de la homologación del
concurso; y otra cuota adicional un año después comprensiva de
intereses calculados con la magra tasa pasiva del Banco de la Nación
Argentina desde la presentación en concurso y hasta el pago. Dicho con
mayor simpleza, los integrantes de la Categoría C deberían aguardar no
menos de once años más para percibir sus acreencias. Si sumamos ese
lapso a los veinte transcurridos, es claro que para cobrarlas habrían
esperado treinta y un años”, concluye sobre los Acreedores
Quirografarios, quienes eran supuestamente los “beneficiados” con la
nueva propuesta. Esas conformidades no podían ser “seriamente” tenidas
en cuenta bajo este cariz.
A esta altura, Cirulli reseñó que no
necesitaba más para declarar la quiebra. Pero abundó. Y mencionó
hallazgos de Boquín respecto a manipulación de mayorías, otorgamiento de
poderes a apoderados que eran del mismo estudio que los del Correo y
habrían sido obtenidas “fraudulentamente”. Y que en ese marco, se dio la
operación entre el Meinl Bank y Correo en 2013. La jueza habla de
“presunción de fraude”.
Allí anoto una señal de alerta para los Macri
a futuro: “En caso de que la investigación ordenada el 26/5/2021 al
respecto por pedido del Ministerio Público en el Incidente de
Investigación N° 94.360/2001/1, arrojara como resultado la ilegitimidad
de tal crédito, lo cierto es que mucho más de la mitad del capital
computable para la determinación de las mayorías legales, que oscila
entre $ 523.037.463,95 y $527.507.521,71”.
Y agregó un hecho curioso
respecto a un abogado que figuraba como apoderado de 24 cesionarios que
supuestamente habían dado conformidad. Dijo que ese documento era falso.
Esto también terminó en sede penal, a la sombra de la causa principal
que tiene Ariel Lijo. “Se tratan de cesiones de una enorme cantidad de
créditos verificados, efectuadas en favor de un número reducido de
beneficiarios, y dentro de un particular escenario plagado de
denuncias”, cerró Cirulli.
Casi al final, la jueza destrozó el
argumento de Correo respecto al “hostil” Estado que debía sí o sí
aceptar su última oferta, de forma “tácita”. Porque Correo debía
acompañarla con la aceptación certificada por escribano, como prevé la
ley y no había manera de interpretar que avalaba de otra manera. “No
podría en ningún caso interpretarse que la posición evidenciada por el
acreedor Estado Nacional en este concurso, es irrazonable o abusiva, por
la sola circunstancia de no haberse expedido afirmativamente sobre la
propuesta de pago o por haberla rechazado”, adujo, también con lógica.
Circulli
aclara que no existe tal pago del 100% al Estado por aplicar el capital
nominal de $296 millones propone una tasa que se remitía a una
“sentencia verificatoria” dictada en 2002, donde “se redujeron las tasas
pactadas”. Está subrayado en el fallo. “Es claro que el mantenimiento
de esa tasa de interés no puede compensar ni remotamente lo adeudado por
falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde
el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal”,
sentenció.
“No puede cuestionarse, dentro de la órbita concursal, que
el acreedor Categoría A encuentre insuficiente una propuesta que no
contempla la entidad actual de la deuda, ni quiera sujetarse a
decisiones jurisdiccionales inciertas y extrañas al quicio mercantil”,
defendió la jueza la postura del Estado que, a contramano de la versión
de Macri, encabezaba una persecución.
06/07/2021 (6137)
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