Y aún así sigue siendo fiscal, sin que el Poder Judicial o la
Procuración o el Congreso intervengan. Describió cómo se armaron
arrepentidos pagados por el gobierno macrista y se espió a personas
detenidas en cárceles federales y provinciales, para extorsionarlas. Tal
vez olvidó mencionar que buena parte se hizo con escuchas monitoreadas
por la propia Corte Suprema. El mandatario se detuvo también, sin
nombrarlo, en el presidente de la Casación, Gustavo Hornos, que visitaba
en su despacho al presidente Macri antes de dictar fallos
significativos. Todo hecho de manera oculta y como parte de la misma
partitura.
El fenómeno descripto por el presidente se multiplica a
nivel continental, a veces en forma más grosera y otras de manera más
sutil. En Brasil, por ejemplo, sacaron a Luis Ignacio Lula Da Silva de
la carrera electoral por un departamento en el que nunca pasó una noche,
jamás estuvo a su nombre y la empresa constructora lo presentó como
garantía de un crédito, o sea que el departamento era de la
constructora. En Ecuador impidieron que Rafael Correa fuera candidato y
lo mismo hicieron en Bolivia, ya en el marco de un gobierno dictatorial,
pero con bendición judicial. Lo ocurrido en la Argentina tiene su
propia impronta, pero es parte del mismo fenómeno.
El fiscal
Stornelli contestó a través de los medios afines: “perseverar en cumplir
con el deber y guardar silencio son la mejor forma de responder a la
calumnia”. En síntesis, no tuvo respuesta al hecho de que siga en el
cargo pese al procesamiento confirmado por dos delitos gravísimos.
Alberto Fernández ironizó sobre la doctrina con la que otro magistrado
aliado del macrismo, el camarista Martín Irurzun, impulsó la prisión de
opositores: “los exintegrantes de los gobiernos tienen poder residual”,
dictaminaba Irurzun para mandar a detener a exfuncionarios de los
gobiernos kirchneristas. Alberto Fernández utilizó el ejemplo de
Stornelli para demostrar la doble vara: “el fiscal -no lo mencionó por
su nombre- “no tiene poder residual sino poder vigente”. Pero por
supuesto no se la aplicó la famosa doctrina.
Como parte de la misma
utilización de la justicia para perseguir opositores, Alberto Fernández
mencionó, también sin nombrar a nadie, las dos causas en las que se hizo
público el espionaje, la compra de arrepentidos y hasta la extorsión.
Son los expedientes que instruyó en Dolores el juez Alejo Ramos Padilla y
el que investigaron el juez Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia
Incardona y Santiago Eyherabide en Lomas de Zamora. “Observamos cómo
sale a la luz un perverso sistema en el que se entremezclan jueces,
fiscales, pretensos espías y reconocidos periodistas para hacer un
seguimiento ilegal de personas detenidas y para montar extorsiones
judiciales. Todas estas dudas se mezclan con otras en las que se
confunden arrepentidos bien pagos con fiscales y jueces que los
avalaron. Todo se sabe y todo sigue transcurriendo como si nada pasara”,
denunció el mandatario. La referencia es, por ejemplo, a todo el
aparato que rodeó al falso abogado Marcelo D’Alessio, la Agencia Federal
de Inteligencia (AFI), el fiscal Stornelli, el fallecido juez Claudio
Bonadio, entre muchísimos otros. Y, en paralelo, la estructura que
emergió en la causa de Lomas, con la AFI espiando al Instituto Patria, a
dirigentes políticos y hasta a la hermana de Macri, Florencia; el
Servicio Penitenciario escuchando a los detenidos mientras hablaban con
sus parejas, sus abogados y sus socios para luego extorsionarlos o
quebrarlos. Como es obvio, los integrantes del equipo de Comodoro Py le
dijeron a los medios adictos, en off the record, que el presidente lanza
acusaciones para defender a su vicepresidenta. La realidad es que
Cristina Kirchner no tiene riesgo judicial alguno en el próximo año.
* En la causa por la obra pública en Santa Cruz, la acusación naufraga estrepitosamente y ni siquiera se la nombra en el juicio.
* El expediente por el Memorándum de Entendimiento con Irán lleva seis años sin que avance un paso.
*
En dólar futuro pasa lo mismo: todavía no está claro si el juicio se
hará o no, tras una pericia que destrozó las imputaciones.
* Los
casos Hotesur y Los Sauces llevan siete años de instrucción, con
episodios insólitos como los allanamientos encabezados por los
policías-espías Leandro Araque y Jorge Saez, y recién ahora se está
haciendo una pericia. Nada ocurrirá este año y dependerá de lo que
ocurra en el juicio de la obra pública de Santa Cruz que tal vez termine
en 2022.
* Ni hablar del caso de la muerte del fiscal Alberto
Nisman, que quisieron adjudicarle al gobierno de CFK. En seis años no
pudieron conseguir ni una sola prueba de que alguien haya asesinado a
Nisman.
Justamente lo que ocurre es que la utilización de la justicia
para perseguir opositores no depende de los hechos ni de las causas en
sí mismas. Como en Brasil o Ecuador o Bolivia el objetivo es político,
no importan las pruebas. Y eso es lo que denunció el presidente,
reclamando que el Congreso realice un control del Poder Judicial, que se
pueda nombrar un nuevo procurador y se ponga en marcha el sistema
acusatorio, que arranquen los juicios por jurados y se introduzcan
cambios de fondo en el funcionamiento de la Corte Suprema y el Consejo
de la Magistratura.
La batalla no será sencilla, pero las maniobras político-judiciales-mediáticas se van desnudando, país por país.