LA CONFEDERACIÓN
de Radios y Medios de Comunicación de Argentina
IOSFA: perjuicio de 4000 millones de pesos Los desmanejos de Aguad
Todo esto es parte de lo detectado por la auditoría que ordenó realizar
el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en el Instituto de Obra Social
de las Fuerzas Armadas (Iosfa). El desmanejo y las irregularidades
cometidas por los funcionarios que respondían al entonces ministro
macrista, Oscar Aguad, representaron para la institución un déficit
financiero que supera los 4000 millones de pesos. El resultado de la
auditoría se tradujo en una denuncia penal por entender que las
irregulares detectadas podrían conformar "un acuerdo delictivo con el
objeto de defraudar" al Iosfa y se los acusa de abuso de autoridad,
incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones
incompatibles con la función pública y administración infiel en
perjuicio del patrimonio del Estado. La demanda solicita además que
estas figuras penales alcancen al exministro Aguad
En diciembre de
2015, el entonces ministro Rossi, le pasó a su sucesor macrista, Julio
Martínez, todo lo concerniente al manejo del Ministerio que incluía el
Iosfa que cuenta con 586.000 afiliados, algo más de 4000 empleados y que
posee 30 delegaciones provinciales y 116 sedes en todo el país. En ese
entonces, la obra social de los militares y personal de las fuerzas de
seguridad nacional, mostraba un superávit cercano a los mil millones de
pesos. Cuatro años después, cuando Rossi volvió a ocupar el cargo, se
encontró con súper déficit que tiene a la obra social sumergida en una
crisis que hace peligrar su sustentabilidad.
Al asumir como ministro
de Defensa, Rossi ordenó la auditoría interna y los datos que arrojó
ese trabajo son alarmantes porque, como indica la conclusión del
trabajo, el Iosfa fue objeto de un posible "plan destinado a perjudicar
el patrimonio estatal y favorecer intereses particulares".
El trabajo
realizado forma parte de la denuncia penal que presentó la Oficina
Anticorrupción y que recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y el fiscal
Federico Delgado. Éstos deberán determinar si las irregularidades
descriptas implican la violación de deberes de los funcionarios
públicos, abuso de confianza, considerar si explican el déficit indicado
y determinar si representan una defraudación a la administración
pública. Estas figuras recaen, al menos por ahora, en el expresidente de
la obra social, Pedro Ignacio barrios, el exgerente general Tomás
Chavich, Marcelo Eduardo Jaluff (exgerente de Administración y Finanzas)
y los exgerentes de Compras, Pablo López Bueno y Oscar Eduardo Fritz.
El juzgado deberá determinar además la responsabilidad de Aguad porque
todos las irregularidades detectadas se produjeron durante la gestión
del cordobés, entre julio de 2017 y diciembre pasado.
Es más, el
aumento desmesurado del déficit y el pasivo acumulado en los cuatro años
del gobierno macrista dejó a la obra social en una situación de
insustentabilidad preocupante. De acuerdo a los balances, el Iosfa pasó
de tener un superávit de 940 millones de pesos en 2016 a un déficit de
4.038 millones de pesos.
Pero además, según muestra la auditoría, con
la llegada de Aguad se produjo una concentración de funciones en áreas
claves y, sobre todo, se concretó la eleminación de controles
permitiendo la imputación de compras y contrataciones a los ítems "no
programados", "compras extraordinarias" y de "urgencia y/o emergencia".
Estas contaban con escaso control y que con el correr de la gestión
Aguad-Barrios se volvieron la regla y no la excepción.
Las irregularidades
*Alquiler
de inmuebles. No sólo se realizaron por precios exorbitantes sino que
además se detectó falta de documentación respectiva. Entre todos ellos
se destacan tres que se alquilan por 15, 11 y 10 millones de pesos. Uno
de ellos, el de Córdoba, permaneció desocupado poco más de un año porque
supuestamente había que refaccionarlo y fue motivo de una denuncia
penal que hasta ahora no avanzó. El alquiler se realizó a pesar de que
en el hospital militar de Córdoba había espacio suficiente para
instalar, de manera gratuita, la sede provincial del Iosfa.
El otro
es el caso de la delegación Rosario que alquiló y no utilizó un edificio
provocando un perjuicio económico de algo más de 5 millones. No se usó
durante un año porque también se estaba refaccionando. Para los
auditores este procedimiento es comparable con la defraudación y una
estafa.
*Pagos duplicados. Se detectaron facturas que se abonador dos
veces e incluso pagadas a proveedores diferentes. El informe destaca
que esta maniobra generó pagos por más de 5 millones de pesos pero
advierten que la cifra no es superior por la ausencia de controles que
vivió la Iosfa.
*Los reintegros. Se detectaron "reintegros que fueron
devengados y pagados sin que constara la documentación respaldatoria
adjunta en el sistema". Una maniobra que la auditoría se la adjudica al
entonces gerente general Chavich, quien eliminó "la obligatoriedad de
adjuntar la documentación de reintegros". A modo de ejemplo está el
reintegro de una internación por obesidad por 418 mil pesos sin la
documentación respaldatoria o, también, el pago un cardio desfribilador
por 613 mil pesos.
*Legítimo abono. La conducción macrista de Iosfa
utilizó un procedimiento llamado “legítimo abono” con el que pagaban a
proveedores de bienes y servicios "por el solo hecho de prestar el
servicio en forma continua" dejando de lado los procedimientos
normativos. "Se recurrió a este artilugio para la contratación de los
servicios de limpieza, provisión de fotocopiadoras e insumos,
mantenimiento de los sistemas informáticos, así como en el servicio de
traslado de emergencia en ambulancias para los afiliados del Instituto",
dice la auditoría.
*La compra de insumos médicos. Muchos de los
procesos de contratación se hicieron a través de la compulsa de precios.
Sin embargo se detectó que este mecanismo podría haber sido "simulado"
porque de las 30 empresas a las que se le efectuaron compras hay cuatro
que concentraron el 75 por ciento de las operaciones. Además, los
expedientes de compras no cumplen con todos los requisitos, falta
documentación y se hallaron contrataciones ,sin la intervención de un
funcionario competente por casi la friolera de 7000 millones de pesos.
En
la denuncia constan además ejemplos como la compra de un sistema de
placa cervical de la marca MB, tal como lo solicitó la subgerencia
Compras y Contrataciones. El detalle es que la empresa que ganó la
compulsa de precios no sólo se llama MB Connection sino que además de
ser una empresa revendedora y desconocida en el mercado, "omitió indicar
el origen de los productos y su material". La empresa cotizó 1,1 millón
de pesos contra los 310 mil pesos que ofertó IP Magna, reconocida marca
en el mercado. Esa no fue la única compulsa que ganó MB Connection.
Hubo otras donde se impuso pero no encabeza el ranking de las más
favorecidas pero se destaca por no ser una empresa reconocida en el
rubro.
*Pagos a proveedores. Se detectó "ausencia de un criterio
uniforme para la carga de la documentación respaldatoria en el sistema"
con facturas "sin intervención de autoridad competente y casos en donde
la única documentación de respaldo es la nota de elevación emitida por
el Hospital Militar Central". Solo en 2019 este tipo de maniobras
representaron un desembolso de casi 300 millones de pesos.
11/10/2020 (5748)
Noticias Provinciales
Haga click sobre la Provincia para acceder a las novedades.
Copyright © La Confederación - 2009-2015, - Argentina