Las empresas u organismos que administraron terminaron vaciados o con
serios problemas financieros, como Aerolíneas Argentinas, Aysa, Trenes
Argentinos, Vialidad, el PAMI, Arsat y la Comisión Nacional de Energía
Atómica. Sin embargo, para dejar sus cargos exigen al Ejecutivo la doble
indemnización, cuyo espíritu era proteger el precario empleo del sector
privado. “Esa medida fue concebida para atender la situación de
vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos”, aclara el Decreto de
Necesidad y Urgencia publicado eeste lunes para excluirlos del
beneficio. Con la medida, los involucrados ya no podrán aspirar a la
indemnización duplicada, mientras se analiza como llevar adelante las
desafectaciones.
El gobierno anterior, promotor mediático de la
meritocracia, designó en el último año a una enorme cantidad de
directivos. En noviembre, un mes antes de dejar el poder, decretó
aumentos de hasta 100 mil pesos y la imposibilidad de despedir personal
jerárquico por cinco años. En caso de que se despidiera a alguno, había
que pagarle los cinco años de servicio, sin importar desde cuándo
estuviera ocupando el puesto. Ese decreto quedó sin efecto con el arribo
del nuevo gobierno, pero los directivos que cumplen funciones en
empresas con participación estatal buscaron aprovecharse del decreto de
la doble indemnización para enquistarse en sus cargos.