Los cinco corredores se transferirán de manera progresiva a la empresa
estatal Corredores Viales S.A, a cargo de Gonzalo Atanasof y fueron
concesionados en 2010, durante el primer mandato de Cristina Kirchner.
En el gobierno de Macri, Dietrich y el entonces titular de Vialidad,
renovaron los contratos que vencieron en 2016. Ese año se otorgaron
prórrogas con la promesa que en el futuro próximo los contratos se
inscribirían bajo el sistema de PPP.
El Gobierno buscaba alternativas
para el fracaso de los PPP ante la abrupta devaluación que motivó que
no hubiera un banco dispuesto a aportar financiamiento para esa
iniciativa. El Gobierno ni siquiera tiene los fondos para pagar los
títulos de pago por disponibilidad (TPD) emitidos por las inversiones
realizadas.