"La idea es que un deportista que se entrena, que tiene una superioridad
física que va por encima del promedio de la sociedad, tiene que ser
responsable socialmente", indicó el legislador porteño Leandro Santoro
(Frente de Todos) respecto del espíritu de la norma, y señaló que la
clave será la articulación con "los clubes y federaciones para generar
mecanismos de prevención y concientización, y posibles sanciones".
El
proyecto también será presentado en la legislatura bonaerense, donde lo
impulsará el diputado Daniel Lipovetzky (PRO), por lo que una primera
reunión de puesta en común de la iniciativa se realizará con la Unión de
Rugby de Buenos Aires (URBA), que nuclea a los clubes de Buenos Aires y
CABA. "Hay que involucrar a los clubes en el trabajo previo, porque
este tipo de situaciones violentas no es la primera vez que se dan",
lamentó Lipovetzky.
La norma —presentada a ambos legisladores por
la abogada Valeria Carreras— contempla una penalización deportiva para
todos los deportistas mayores de 16 años con suspensión de fechas,
durante las que deberán realizar cursos referidos sobre no violencia,
discriminación y otras temáticas que prevengan los excesos físicos.
Además,
en caso de que las agresiones se repitan, las sanciones también
recaerán sobre los clubes. Para esto, el Poder Judicial estará obligado a
dar aviso a los clubes o federaciones que tengan a un deportista
vinculado en un hecho de violencia.
Santoro, en diálogo con Telefé,
señaló que la "mano prohíbida" es un concepto utilizado en el ámbito
deportivo, en particular en el boxeo y las artes marciales, pero no está
regulado dentro del Código Penal y el proyecto no busca realizar una
modificación en ese sentido.
"Las sanciones por el hecho de
violencia quedará enmarcada en lo que dice el Código Penal, el proyecto
busca que además los deportistas tengan sanciones en ese nivel y también
los clubes", explicó el alcance del proyecto Lipovetzky, en diálogo con
El Destape.
La figura legal de la “mano prohibida” no existe en el
Código Penal. No obstante, en el caso boxeadores y judocas, los jueces
pueden agravar las penas cuando hubo uso de “fuerza desproporcionada”.
"Estamos
ante una demanda de la sociedad para involucrarnos en el tema y que no
dependa de la buena voluntad de los clubes sino de un consenso social y
político. Cada una de las asociaciones de clubes o federaciones definirá
el tipo de sanciones o revisará cómo cambiar sus estatutos y se
cambiará lo que se tenga que cambiar, pero queremos empezar a discutirlo
para involucrar a los clubes y que el Estado se hago cargo de su cuota
en el asunto", consideró Santoro.
Su par bonaerense ejemplificó que
en el caso de la URBA se podría ampliar la aplicación de las sanciones
ya contempladas por el Tribunal de Disciplina para casos de violencia o
discriminación dentro del campo de juego. "Así como se habla que el
rugby promueve ciertos valores, como la unión y la amistad, está claro
que la violencia en patota no lo están trabajando", lamentó el diputado e
indicó que "los clubes de rugby han fallado en su trabajo y el proyecto
es un disparador para el debate de otros deportes".
En ese sentido,
Santoro anticipó que se buscará sumar a las federaciones de artes
marciales o boxeo para involucrar a otras disciplinas de alto contacto
en "el tratamiento, prevención y sanción disciplinaria de las acciones
ilícitas cometidas por los deportistas fuera del ámbito deportivo".