La Cámara de Apelaciones de Jujuy ratificó el procesamiento de la detenida dirigente social Milagro Sala por el delito de "homicidio en el grado de tentativa calificado por precio o promesa remuneratoria" en el marco de una causa conocida como la "de la balacera", en la que se investiga un hecho ocurrido en 2007 en el barrio Azopardo de la ciudad de Jujuy. La Cámara de Apelaciones de Jujuy ratificó el procesamiento de la detenida dirigente social Milagro Sala por el delito de "homicidio en el grado de tentativa calificado por precio o promesa remuneratoria" en el marco de una causa conocida como la "de la balacera", en la que se investiga un hecho ocurrido en 2007 en el barrio Azopardo de la ciudad de Jujuy.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam la decisión del tribunal de alzada e indicaron que la confirmación del procesamiento también alcanzó a Fabián Ávila y Alberto Cardozo -referente de la agrupación Tekuré, que integra, junto a la Tupac Amaru, la Red de Organizaciones Barriales–, todos ellos detenidos bajo prisión preventiva.

En este sentido, el juez de instrucción Pablo Pullen Llermanos detalló que los procesamientos que en este expediente pesan sobre Sala y Ávila son por el delito de "homicidio calificado", mientras que el de Cardozo es por "homicidio simple", todos ellos en grado de tentativa.

En ese marco, indicó que el procesamiento de Sala por "homicidio en el grado de tentativa calificado por precio o promesa remuneratoria", es "un delito severamente penado que, consumado, tiene una pena de prisión perpetua".

Con relación a la situación procesal de los detenidos, Pullen Llermanos indicó que "seguramente la causa seguirá un camino recursivo, donde los abogados de Sala podrán apelar y el Superior Tribunal de Justicia eventualmente decidirá si considera procedente el recurso".

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Jujuy constituye el segundo revés para Sala en ese tribunal, que en marzo pasado ya había ratificado su procesamiento por "lesiones graves agravado por el número de personas intervinientes" en la causa del dirigente fallecido César "Lucas" Arias, en 2006, instancia que también dictó falta de mérito a favor de Luis Cosentini, quien fue funcionario del gobierno de Eduardo Fellner (2011-2015).

En qué consiste la causa "de la balacera"

En la causa conocida como "de la balacera" se investiga un confuso choque con armas de fuego entre dos bandas, por el que se ordenó inicialmente la detención de Jorge Páes y Fabián Ávila, acusados de "homicidio en grado de tentativa", a raíz de una denuncia de Cardozo, quien protagonizó el enfrentamiento y luego fue detenido.

Páes, quien había sido denunciado inicialmente como presunto "sicario" de Sala, fue sobreseído en agosto pasado y recuperó su libertad, mientras que Ávila fue procesado por "tentativa de homicidio" al igual Cardozo, que ya lo estaba.

En esta causa, Sala estuvo inicialmente acusada de "encubrimiento agravado" por favorecer a un prófugo (Páes), pero en base a las pruebas el juez resolvió imputarla por tentativa de homicidio.

Los hechos que originaron la causa "de la balacera" sucedieron el 27 de octubre de 2007, en el Barrio San Francisco de Alava, (ex Azopardo), donde se enfrentaron las bandas.

Como consecuencia del enfrentamiento una niña de once años que estaba en el lugar resultó gravemente herida de un balazo en la zona abdominal, por lo que se abrió una causa por "homicidio en grado de tentativa", en la que se imputó a Páes y Avila, quienes fueron vinculados con la Tupac Amaru de Milagro Sala.

En un primer momento Ávila fue detenido en la vía pública, mientras que Páes permaneció prófugo hasta mediados de febrero de 2016, cuando fue apresado en Salta y extraditado a Jujuy, donde quedó en manos del Servicio Penitenciario provincial hasta que se le concedió la libertad.

Sala está alojada en el penal de Mujeres del barrio Alto Comedero desde el 20 de enero de 2016, aunque su detención se había concretado cuatro días antes, en los que permaneció en una celda policial.

En una primera etapa, la líder de Tupac Amaru estuvo detenida imputada por "instigación a cometer ilícitos y tumultos", pero luego la Justicia jujeña dispuso su prisión preventiva en la causa por "fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión" a raíz del supuesto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales en la provincia.