Tras una investigación de El Destape, la Justicia averiguará sobre el acuerdo que prevé el desvío de fondos de la ANSES a una guarida fiscal. La Justicia imputó por defraudación a la administración pública a Mauricio Macri, Gabriela Michetti, la canciller, Susana Malcorra, el empresario Diego Nicolás Rosendi y el ex tenista Gastón Gaudio por el memorando con Qatar. Tras la investigación de El Destape, la Fiscalía 10 decidió avanzar con la causa sobre el polémico acuerdo que prevé el desvío de fondos de la ANSES a una guarida fiscal. Asimismo, requirió una cautelar para que "no se dé comienzo o se interrumpa la ejecución" del acuerdo durante la causa, revelaron fuentes judiciales a este medio.

El Gobierno argentino acordó en secreto con el catarí la creación de un fideicomiso de inversión en el que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) aportará U$S 300 millones y el emirato otros U$S 1.000 millones. Tal como consta en el documento completo publicado en exclusivo por este medio a comienzos de noviembre, el organismo previsional pautó que se analice administrar ese dinero desde un paraíso fiscal.

Esto infringe tanto las normas del FGS, como las de la Inspección General de Justicia, la ley de sociedades comerciales y fallos que declaran a las offshores ilegales en el país. Por esto, están complicados en la demanda la mayoría de los funcionarios.

Sumado a eso, aunque la negociación se realizó en forma confidencial, el asesor presidencial de Inversiones Extranjeras Horacio Reyser (ahora ascendido a una secretaría en Cancillería) le reenvió las comunicaciones a Gaudio, quien a su vez se las mandó a Rosendi. El otrora profesional del tenis no figura en la plantilla del Estado, pero igual actuó como nexo en el cierre del acuerdo y estuvo al tanto de información privilegiada, que no debería haber recibido. Situación similar se dio con el financista y asegurador, que intervino como particular.

Pese a mantener silencio luego de que estalló el escándalo por el memorando, la ANSES debió oficializar una copia del original ante el Congreso, firmado el 7 de noviembre por Luis María Blaquier en Doha. En la sesión informativa de la comisión de asuntos previsionales del 20 de diciembre, en la que este periodista y un colega de Perfil.com fueron citados para exponer sus investigaciones, un funcionario del organismo estatal dejó el documento junto con las excusaciones por ausencias del director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, y del subdirector ejecutivo de operación del FGS. Los dos responsables habían sido convocados a detallar los alcances de lo rubricado, junto con Malcorra, que tampoco se presentó a la reunión de Diputados.

Hoy la fiscal federal María Paloma Ochoa impulsó la denuncia penal que realizó el 29 de noviembre Fernando Míguez, de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, ampliada el dos días después por el diputado Guillermo Carmona y compañeros de bancada del Frente Para la Victoria.

Por la causa, radicada en el Juzgado Federal Criminal y Correccional 3 de Daniel Rafecas, solicitan indagar si cometieron algún ilícito a Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Susana Malcorra, Emilio Basavilbaso, Luis María Blaquier, Horacio Reyser, Mario Quintana (coordinador económico de Jefatura de Gabinete), Carlos Fordari (ex vice canciller), José Ortíz Amaya (director general de Relaciones Internacionales del Senado), Rossana Cecilia Surballe (embajadora argentina en Doha), Miguel Ángel Gutiérrez (presidente de YPF) el ex tenista Gastón Gaudio, y el empresario Diego Nicolás Rosendi. También fueron imputados el emir catarí Tamin Bin Hamad Al Thani y el director ejecutivo de la Autoridad de Inversión de Qatar (QIA), Abdullah Bin Mohammed Bin Saud al Thani, según pudo saber este medio. En total, son 15 los que estarán bajo la lupa.

La investigación continuará su curso luego de la feria judicial de enero. La carátula es la de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias y violación de secretos.

Esta es una nueva causa sensible que acumula Cambiemos en su primer año de gestión. La primera de ellas fue la de los Papeles de Panamá, cuando en abril el diputado del FPV Darío Martínez denunció al Presidente por el lavado de U$S 9,3 millones en Bahamas ante el Juzgado de Sebastián Casanello y la Fiscalía de Federico Delgado.

En mayo, los legisladores nacionales Martín Doñate y Rodolfo Tailhade demandaron al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por beneficiar a Shell con el tarifazo y la importación de gas de Chile mientras era accionista de la petrolera.

Asimismo, a mediados de agosto el abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Tailhade y Juan Cabandié presentaron un recurso contra la Vicepresidenta por el origen del dinero que le robaron en su casa a fines de 2015.