En septiembre de ese año, BKZR compró Fleg Trading por U$S 485. Además,
debió pagar U$S 60 por sellos y U$S 155 por la legalización. La factura
se hizo por U$S 690 y como "contacto" figura Santiago Lussich. Pese a
ser contador, Lussich debió haber observado que los componentes de la
transacción suman U$S 700, un error básico de suma.
Francesco
"Franco" Macri declaró ser el dueño de Fleg Trading desde 1998, por lo
que debió comprárselo a BKZR en lugar de adquirirlas desde el dueño
bahameño original para reducir las sospechas. Sin embargo, los Macri
nunca abandonaron el directorio de la firma, es decir, que los pases de
manos fueron formalidades.
El valor de las acciones aumentó sólo
en U$S 1.465, ya que con un papel improvisado, Franco tasó el patrimonio
de la firma de Bahamas en U$S 1.950 para ese año.
Pese a esta
valuación ínfima, con la offshore bahameña los Macri lavaron más de U$S 9
millones en Brasil. Esto fue denunciado por el diputado del Frente para
la Victoria Darío Martínez ante la fiscalía de Federico Delgado, que
trabaja en conjunto con el juzgado de Sebastián Casanello.
Lussich,
además de estar a cargo de esta oscura transacción, es el elegido para
llevar los libros de la empresa formal de los Macri en Uruguay. Entre
los clientes del Estudio Lussich Torrendell y Asociados figura una
"empresa de capital argentino propietaria de empresa armadora de
vehículos en el Uruguay". La única compañía que se adecúa a esta
descripción resulta Sevel Uruguay, perteneciente al grupo de la familia
presidencial.
De acuerdo a las cifras oficiales del país vecino,
la fábrica de los Macri (que tienen en asociación con la compañía china
Chery) exportó 3.804 vehículos en 2014, 1.029 de los cuales las
vendieron a la Argentina.
Esta no fue la primera offshore que el
mandatario trató en Uruguay. De hecho, tanto el jefe de Estado como su
padre fueron procesados por contrabando de autos y la evasión fiscal de
U$S 55 millones por las transacciones que realizaron con la empresa
fantasma Opalsen.