"Santa Fe y Córdoba que en principio se oponían a la medida, fueron
también las principales beneficiadas recibiendo durante seis años del
FFS montos de $ 4.257 millones y $ 4.230 millones, respectivamente",
precisaron los analistas.
Explicaron que "estos montos resultan
significativos para la obra pública de cada región", ya que,
puntualizaron, representan el 32% del gasto que realizaron las
provincias en infraestructura durante el último año".
Indicaron
que "para el caso de Buenos Aires, las transferencias del Fondo Federal
Solidario representaron aproximadamente el 29% del gasto en capital de
la provincia", y añadieron que "para Córdoba y Santa, dicho ratio fue
del 31% y 23% respectivamente".
Los integrantes del Geenap
señalaron también que "El FFS permite una distribución más equitativa de
los excedentes agropecuarios, beneficiando a regiones que no son
grandes exportadores de oleaginosas, como la provincia de Formosa y
Catamarca que recibieron un total de $ 517 millones y $391 millones de
pesos".
Precisaron que "Formosa representó 13% y para Catamarca, 22% del gasto de capital realizado por estas provincias".
"Estos
datos desarticulan la zoncera de que durante este período los
excedentes del campo se distribuyeron con favoritismos y fueron
dirigidos solamente al consumo, en desmedro de la inversión y del
desarrollo", sostuvieron Reisenman, Sosa y Luna.
También
subrayaron que "mediante la creación del FFS se introdujo una
herramienta de política económica netamente federal, pensando en el
desarrollo equitativo de las provincias, siendo además un instrumento
contracíclico, que estimula los niveles de actividad económica en todo
el país".
Afirmaron que "la importancia de contar con este
instrumento radica fundamentalmente en el impacto positivo que el mismo
genera en materia de empleo, al posibilitar que se concreten proyectos
de inversión y obra pública en todas las regiones del territorio
nacional, logrando obtener un canal de financiamiento afectado
específicamente en a obras de infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda o vial".
El FFS tuvo su origen luego de
la crisis provocada por la Resolución 125, y se dictó con el objetivo
de generar un instrumento que redistribuya con carácter federal los
excedentes generados por la comercialización de la soja.
El
llamado "fondo sojero", que se distribuye a las provincias, se
constituye con el 30% de lo que percibe el Estado en concepto de
retenciones por la exportación de soja, en todas sus variedades y
derivados, y se caracteriza por tres aspectos fundamentales:
Se
reparte entre las distintas provincias de forma automática y sin
discrecionalidad utilizando el mismo criterio que en la Ley Federal de
Coparticipación.
Además, un 30% del monto dirigido a las
provincias debe ser a su vez girado de forma automática a los municipios
dependiendo de la cantidad de población y otros criterios establecidos
en la Ley N°10820 de Coparticipación Municipal.
Estos fondos
están condicionados a ser dirigidos a financiar proyectos "que
contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales".
En
el decreto se prohíbe el uso de los fondos para el financiamiento de
gastos corrientes, siendo sujetos al control previsto por la ley
orgánica de municipalidades y el artículo 159 de la constitución
provincial.
Además, se reducen los efectos adversos del traslado
de los precios internacionales de los alimentos y la sojización en la
economía, a la vez que se busca el desarrollo y la diversificación de
las economías regionales beneficiando al pequeño y mediano productor.