En el documento legal expedido por el organismo a cargo de Carlos
Zannini se enumeró una serie de consideraciones y críticas sobre la
última propuesta de la compañía para saldar la deuda del Correo. La
presentación, afirmó, fue realizada "en defensa de los intereses
estatales" y para "evitar que el silencio" de la entidad "pueda ser
interpretado como consentimiento" de la oferta de los Macri, la cual
"contiene falacias", indicaron. "Todos los planteos que ahora formula la
Concursada son la repetición de cuestiones ya planteadas, tratadas
oportunamente por los tribunales y rechazadas en todos sus términos",
remarcó.
En el texto también se explicó que "es falso" que el
principal responsable por la cesación de pagos y su agravamiento
posterior sea el Estado nacional, tal como afirmó la familia. La
Procuración, también, se refirió a la calificación de "acreedor hostil"
que los Macri utilizaron para describir al Estado y señaló que "el único
objetivo del Estado es lograr la satisfacción de su postergada
creencia, cada vez más diluida, cada vez más licuada y depreciada a
consecuencia de los dilatorios planteos de Correo Argentino".
"¿Cómo
podría aceptarse que el Estado es un acreedor hostil cuando es la
Concursada quien en la última propuesta formulada en el año 2016 realizó
una oferta irrisoria?", preguntó y añadió que con este antecedente
cualquier oferta "va a resultar superadora".
El pasado 29 de marzo se
conoció que Correo propuso en la última audiencia dentro del proceso de
quiebra de la empresa saldar su deuda con el Estado Nacional mediante
un pago único de $1.011 millones. Sin embargo, la fiscal general ante la
Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquín ya había dictaminado
que el total adeudado no es esa cifra sino $6.000 millones, o sea, cinco
veces más de lo que propone cancelar la empresa, cuyo principal
accionista es el grupo Socma de la familia Macri.