El expresidente reclamó además que su apelación tenga efectos
"suspensivos" sobre las medidas dispuestas en la causa, en la que
interviene el fiscal Guillermo Marijuan, porque podría generar
"perjuicios irreparables".
"Lo dispuesto carece de la debida
fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la
defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no
injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad
humana y porque compromete la seguridad nacional por las
características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que
presenta", sostuvo el exmandatario.
Otra de las cosas que pidió Macri
fue acceder a copias de todo el expediente y de la eventual
documentación que se pudiera encontrar reservada y que se lo exima de la
de tener que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py a
ratificar presencialmente el escrito "por el estado de excepción" en el
que se encuentra la Argentina debido al aislamiento social preventivo y
obligatorio.
Macri sostuvo que la medida dispuesta por Servini
precisa una "urgente e imperiosa fulminación por la Alzada" (en relación
a la Cámara Federal porteña) y sostuvo que de llevarse a cabo se
estaría violentando su "intimidad privada y familiar", la cual "se debe
unir inescindiblemente" a su condición de expresidente de la Nación.
Cuando
dispuso las medidas ahora cuestionadas, la jueza Servini sostuvo que se
trataba de diligencias que "permitirán contribuir al avance de la
investigación, en aras de descubrir la verdad", y además recalcó que, en
lo que va de la pesquisa, "todas las reuniones, como así también las
comunicaciones" denunciadas entre imputados "fueron ratificadas a lo
largo del expediente por diferentes personas".
Servini había ordenado
en primer lugar que se requieran los números telefónicos registrados a
nombre de Macri, José María Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez
Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad, Leandro Cuccioli,
Martín Rappallini, Orlando Terranova e Ignacio Rosner entre enero de
2016 y agosto de 2019.
Posteriormente, solicitó los "registros de
comunicaciones con activación de celdas en el período comprendido entre
el 1 de enero de 2016 y 31 de agosto de 2019". Con toda esta información
-dispuso- se "deberá realizar un estudio temporal/espacial con el
objeto de identificar el entramado de las comunicaciones de los
abonados" y "sus interlocutores (comunes, frecuentes y los que surjan de
los informes", y entrecruzarlos además con los teléfonos de quienes
habrían recibido llamados vinculados a la situación del Grupo Indalo.
En
la resolución, la jueza aludió sobre todo a comunicaciones a partir de
eventos determinados que se iniciaron el 13 de marzo de 2016 con la
publicación de una nota periodística sobre la "supuesta deuda de Oil
Combustibles SA con el Fisco Nacional".
En la causa hay un pedido de
citación a declaración indagatoria contra el extitular de AFIP, Abad,
hecho por el fiscal del caso Marijuan hace dos semanas y sobre el cual
la magistrada aún no resolvió.