Aseguraron que la cifra de $70.163.910.895 utilizada por la fiscal del
fuero comercial Gabriela Boquín para graficar la quita que representaba
la propuesta aceptada por el Estado nacional era "absurda", resultado de
un procedimiento "inédito", marcado por "errores conceptuales y
jurídicos".
Según sostuvieron, "el valor de la deuda por cánones de
Correo Argentino S.A. oscila entre $528.800.216,35 y $651.321.558,21″,
según la tasa de interés que aplique, y por ello "los porcentajes de la
quita rondarían el 44% y el 54,5%, pero jamás el 98,87%, que parte de
considerar que la deuda actualizada era de $70.163.910.895,10
Lijo
rechazó el planteo. Las apelaciones llevaron el caso a la Cámara
Federal. Este miércoles, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia
entendieron que había que respaldar la decisión del magistrado y dieron
un paso más: solicitaron que se determine si efectivamente el monto
establecido por la fiscal Boquin es correcto, indicaron a Infobae
fuentes judiciales.
"Se puede concluir que a esta altura del proceso
existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de
la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los
interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre
los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que
prevé la ley", se precisó en la resolución.
Lijo deberá orientar la
investigación para determinar si hubo una "quita abusiva" de la deuda
entre el Correo Argentino SA y el Estado, tal como lo afirmó la fiscal
cuando se opuso al acuerdo. Ese entendimiento finalmente no se concretó y
aún está siendo debatido entre las partes. Pero la intervención de la
fiscal Boquin dio origen a la investigación penal que sustancia el juez
Lijo y en donde el ex fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Macri.