Ni la plata ni los jardines
Stolbizer presentó una denuncia penal para que se investigue la presunta administración fraudulenta de fondos destinados a construir salas de jardines de infantes. Dos empresas ganaron cinco licitaciones por 1400 millones de pesos pero no terminaron las obras. Por Werner Pertot
Macri había prometido construir 3 mil jardines. Después dijo que serían 10 mil aulas y tampoco se cumplió.
“Yo me comprometo a construir los tres mil jardines de infantes que
faltan”, sostuvo Mauricio Macri en 2015, en pleno debate presidencial.
Como ocurrió con otras promesas de campaña, ese compromiso fue mutando a
lo largo de los años de gobierno (los tres mil jardines pasaron a ser
diez mil salas). Ayer, la presidenta de la asociación civil Bajo la
Lupa, Margarita Stolbizer, presentó una denuncia penal para que se
investigue la presunta administración fraudulenta de fondos en la
construcción de esas aulas. La dirigente señaló que, de las cinco
licitaciones que se hicieron, cuatro las ganaron las mismas dos empresas
por un total de cerca de 1400 millones de pesos y remarcó que no
terminaron ninguna de las obras comprometidas. Es decir: se pagó pero
las aulas no están.
Era 2015 y momento de hacer promesas, del
estilo de “pobreza cero”. Faltaban tres años para el acuerdo con el FMI y
el llamado a ajustar y recortar la obra pública. En el debate
presidencial, Macri se comprometió a construir “los tres mil jardines de
infantes que faltan”. Cuando llegó al Gobierno, lanzó el Plan Nacional
Tres Mil Jardines. No obstante, los decretos que firmó Macri en 2016 se
referían primero a 200 jardines y luego, con una ampliación, a 500
jardines. No obstante, rápidamente el plan cambió su objetivo a diez mil
aulas que se iban a añadir en jardines ya existentes. Los decretos no
se cambiaron por otra norma. Una investigación del sitio Chequeado
indicaba que a fines de 2017 el Gobierno llevaba ejecutado el 30 por
ciento del presupuesto del área. La denuncia de Stolbizer especifica
cómo se utilizó ese dinero.
La líder del GEN detalla en su
presentación que hizo un pedido de informes al Ministerio de Educación,
donde pidió que le especifiquen qué adjudicaciones había, a qué
empresas, cuantas aulas se construyeron y en qué lugares. Recibió una
respuesta parcial, con detalles de las cinco licitaciones
internacionales que hicieron en 2016 y 2017. Curiosamente, cuatro de
ellas las ganó una unión transitoria de empresas (UTE) de dos firmas
argentinas: Escarabajal Ingeniería SRL y Bahía Blanca Viviendas SRL. La
primera es de Santa Cruz y la segunda de Chubut. Según detalla la
dirigente en la presentación, las dos adeudan nueve meses de aportes
previsionales y de seguridad social a sus empleados.
En la denuncia,
Stolbizer detalla cómo se excedieron en el tiempo de ejecución de las 91
obras que tenían adjudicadas. En Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires
tenían que hacer 23 obras: empezaron 19 y no concluyeron ninguna. En
Chubut, Neuquén y Río Negro les adjudicaron otras 43 obras, de las que
iniciaron 38 y no completaron nada. Para Tierra del Fuego y Santa Cruz,
iniciaron otras nueve obras. De nuevo, ninguna terminada. En una última
tanda, que iba de La Pampa a la provincia de Buenos Aires, iniciaron
otras nueve obras que no están terminadas. El plazo era de seis meses y
ya llevan el triple de tiempo. Por las cuatro licitaciones, esas dos
empresas tienen adjudicado un total de 1400 millones de pesos.
Las
únicas obras terminadas fueron las de la quinta licitación. “A más de
dos años de comenzado el Plan de Tres Mil Jardines y a un año y medio de
haberse comenzado las obras de acuerdo con los hechos relatados sólo se
terminaron catorce obras”, remarca Stolbizer en su denuncia por
presunta administración fraudulenta de fondos públicos e incumplimiento
de los deberes de funcionario público, en la que fue patrocinada por la
abogada Silvina Martínez. Para el programa –detalla Stolbizer– en 2016
se gastaron 425 millones de pesos, en 2017 una cifra cercana a los 1800
millones (aunque no estaban los datos finales) y en 2018 tenían previsto
gastar otros 935 millones. “El dinero no está en el Tesoro Nacional y
en los jardines, tampoco”, sostuvo.
La dirigente remarcó que el
Ministerio de Educación le negó el acceso a una serie de datos centrales
sobre las aulas: “Estado de las obras, empresas constructoras, fondos
invertidos son algunos de los grandes misterios que rodean al programa”,
remarcó. “Tampoco las certificaciones de obras, pagos realizados,
adelantos financieros, constatación de niveles de ejecución, ni se
enviaron los respectivos contratos”, detalló sobre la reticencia del
Gobierno a dar datos fehacientes. No pudo saber tampoco si se aplicó
algún tipo de sanciones a las empresas incumplidoras. “Nuestro
relevamiento en las provincias de Neuquén, Santa Fe y Buenos Aires
demuestra el estado de paralización de las obras, y un manifiesto
incumplimiento de los plazos establecidos en los carteles que se exhiben
y que en cada caso eran de cinco meses”, indicó en la denuncia, a la
que adjuntó fotos de ese relevamiento, que muestra un panorama general
de obras paralizadas que deberían haber estado terminadas hace un año.
Al no recibir la información del Gobierno, ahora Stolbizer planteará que
sea el Poder Judicial el que se la solicite al Ministerio de Educación.