El juez federal Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta y a sus hijos Máximo y Florencia en la causa Los Sauces y la embargó por 130 millones de pesos. La ex presidenta Cristina Kirchner y sus dos hijos fueron procesados bajo la sospecha de que conformaron una "banda" que cobró "retornos" a empresarios beneficiados por la concesión de obra pública durante el kirchenrismo, según una decisión del juez federal Claudio Bonadio. El magistrado sostuvo que la ex mandataria encabezó una "asociación ilícita" que utilizó la firma "Los Sauces" para cobrar alquileres a empresarios como Cristobal López y el detenido Lázaro Báez.

El de hoy fue el tercer procesamiento en contra de la ex jefa de Estado desde que dejó el gobierno: antes Bonadio la procesó por irregularidades en la operatoria con dólar futuro y el juez Julián Ercolini por el presunto direccionamiento de la obra pública.

La ex mandataria y sus hijos fueron procesados por "por lavado de dinero, negociaciones incompatibles y asociación ilícita", aunque el juez procesó a otras 17 personas entre empresarios, contadores y escribanos, a los que consideró parte de la maniobra.

El magistrado sostuvo que Los Sauces se conformó con "el objeto de canalizar dinero ilegitimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente".

Se constituyó un "inmobiliaria con el objeto de recibir dinero, en locaciones de inmuebles y un hotel, como ilegitima contraprestación por el indebido otorgamiento de obra pública e introducirlo en el mercado financiero a fin de dotarlo de apariencia lícita", sostuvo.

El juez Bonadio consideró que en su fallo de 392 páginas que tanto Cristina Elisabet Fernández y Máximo Carlos Kirchner son los jefes de la banda, a la que luego de la muerte de su padre (Néstor Kirchner), ingresó Florencia Kirchner".

El magistrado destacó también el rol de los empresarios López y Báez porque, de acuerdo a la investigación judicial, los ingresos de Los Sauces durante el período investigado (2009 a 2015) se explican en más de un 80 por ciento por alquileres cobrados a firmas que ellos administraban.

Además de los 21 procesamientos, el juez dispuso trabar un embargo a la ex presidenta por 130 millones de pesos y, como al resto de los procesados, le impuso la prohibición de salida del país.

Por el mismo monto de 130 millones, el juez trabó embargos a Máximo Kirchner y a Báez, quien se encuentra detenido por orden del juez federal Sebastián Casanello en el marco de otra causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.

Báez fue considerado por Bonadio como uno de los "organizadores", calidad que también le atribuyó a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza (embargados por 100 millones de pesos) y al empresario amigo de la familia Kirchner Osvaldo "Bochi" Sanfelice.

Dentro de la estructura que habría llevado a cabo las operatorias ilegales, el juez atribuyó un lugar preponderante a Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner), quien fuera presidenta de Los Sauces y a quien le trabó un embargo por 90 millones de pesos.

Otro de los procesados fue el contador Víctor Manzanares quien, según el juez, "ideó todos los movimientos sociales, contables, inmobiliarios, escriturares y bancarios de la firma Los Sauces S.A., sus socios y la sucesión de Néstor Carlos Kirchner, a los efectos de poder legalizarlos".

Para Bonadio, Manzanares respondió primero a las órdenes del ex presidente Néstor Kirchner y, tras su fallecimiento, a las de su hija Florencia, a quien le trabó un embargo de 100 millones de pesos.

El juez sostuvo, además, que Manzanares contó "con la ayuda de los escribanos Jorge Marcelo Ludueña, Ricardo Leandro Albornoz y Norma Beatriz Abuin quienes legalizaron escrituralmente, cuando era necesario, tales movimientos".

En el "último eslabón de la cadena", el de la "devolución de dinero mediante cheques", Bonadio ubicó a Leandro, Luciana y Martín Báez, hijos del empresario detenido, y a Alejandra Jamieson, Lisandro Donaire, Martín Samuel Jacobs y Claudio Fernando Bustos.

Después de decretar los procesamientos sin prisión preventiva, el juez Bonadio dispuso remitir la causa Los Sauces al juzgado de Ercolini, donde está radicada la megacusaa por el presunto direccionamiento de la obra pública y la causa Hotesur, donde se la juzga por una maniobra de cobro de "retornos" a través de plazas hoteleras.

La causa conocida como Los Sauces se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional del GEN, Margarita Stolbizer, quien sostuvo que esa firma se mantenía en gran parte porque tenía como clientes a Báez y López.