"La cantidad de causas en trámite ante la justicia Federal donde se
investiga el entramado conocido como 'la ruta del dinero K' dan cuenta
de la magnitud de la maniobra, no solo por lo cualitativo, es decir por
estructura diseñada para poner en funcionamiento la operatoria, sino
también por lo cuantitativo, es decir por las cifras multimillonarias
que se desviaron", argumentó la UIF en un escrito al que accedió Télam.
La
Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Jorge Ballestero y
Eduardo Freiler, debe resolver si confirma o revoca la decisión tomada a
mediados de julio pasado por el juez federal Ercolini, quien dispuso el
embargo de los 4.664.000 dólares hallados en una caja de seguridad de
Florencia Kirchner en la casa central del Banco Galicia en el
microcentro porteño, y los 1.032.144 dólares y 53.280 pesos que se
encontraban en dos cuentas bancarias a nombre de la hija de la ex
presidenta.
"En casos como el presente, resulta de total
importancia el dictado de medidas cautelares sobre los bienes producto
del delito, aún en la etapa procesal que se transita, máxime cuando
dicho producto no es ni más ni menos que dinero contante y sonante",
aseveró la UIF en el escrito.
Allí, además, el organismo a cargo
de Mariano Federici remarcó que, "a esta altura, no puede ponerse en
duda, la sospecha existente, con el grado de certeza que esta etapa
amerita y aún más, que los ex presidentes pusieron en marcha y
dirigieron una estructura encaminada a desviar fondos públicos que
debían ser destinados a la obra pública en su propio provecho y el de un
selecto grupo de empresarios y funcionarios de segundas líneas".
Además,
en el escrito, la UIF expresó su "pleno y total interés en el
mantenimiento de las medidas cautelares sobre los bienes,
coordinadamente con los parámetros internacionales fijados para prevenir
el lavado de activos".
Por otro lado, afirmó que la Justicia
centra sus esfuerzos en la investigación de los hechos de corrupción y
en "la atribución de las responsabilidades que les corresponden a los
funcionarios públicos y particulares implicados esos actos", pero
advirtió que ese enfoque "hace que, en los usos forenses, se posterguen
asuntos esenciales, como son el recupero de los activos derivados de
aquellos delitos o la reparación de los daños ilícitamente ocasionados".
En
este marco, indicó que, en el marco de la causa Hotesur, una demora en
el embargo de bienes puede resultar en que "los bienes salgan del
patrimonio de sus titulares, máxime tratándose de dinero en efectivo en
cajas de seguridad" y que podrían guardar relación con "la compleja
trama diseñada para defraudar al Estado Nacional" que se investiga en
esta causa.
En el marco de este expediente, la Oficina Anticorrupción
también había realizado un pedido en el mismo sentido que ahora la UIF.
Desde
la OA consideraron que el embargo es "una medida razonable, oportuna y
conducente para asegurar la afectación patrimonial" del dinero en poder
de Florencia Kirchner.