Joaquín Fernandez Sancha, presidente de la entidad, dialogó con El
Destape y contó cómo, desde la asunción de PRO, todo cambió. "Nosotros
trabajábamos para diferentes ministerios. Al de seguridad, por ejemplo,
le vendíamos chalecos antibalas o camisas para la Policía Federal,
Gendarmería y Aeronáutica pero desde que asumió Patricia Bullrich nos
dijeron que las cooperativas no van a seguir siendo contratadas como
proveedoras", precisó.
"Desde principio de año que nosotros
tenemos contacto con la gestión actual pero ahora, al momento de
comprarnos las cosas, nos dijeron que vamos a dejar de ser los
proveedores porque van a comenzar a importar", aseguró mientras contó
que Israel es uno de los lugares que eligió el nuevo gobierno para hacer
compras en el exterior.
De hecho, en dicho país el Ministerio de
Seguridad decidió comprar los chalecos antibalas pero, según pudieron
averiguar los trabajadores, no pasaron las pruebas balísticas de
Argentina y, por ello, Bullrich deberá volver a la idea de comprar en
industria nacional. Sin embargo, los cooperativistas denuncian que aún
si esto sucediera, a ellos no los llamaron para volver a ser los
proveedores: "Hay muchas empresas privadas a quienes les pueden
comprar", afirman.
Ahora bien, ¿es un caso aislado? ¿Sólo la
ministra Bullrich decidió quitarle el trabajo a las cooperativas? Según
los trabajadores, la respuesta es no. "Con el Ministerio de Desarrollo
Social nos pasó algo similar: solíamos fabricar un millón de
guardapolvos por año y ahora no tenemos ni siquiera una orden de compra.
En Educación lo mismo: hacíamos los muñecos de Paka Paka y nunca más
nos llamaron".
"Es una decisión del Estado", asegura
Fernández Sancha, quien también se muestra indignado por cómo los
ilusionó el nuevo gobierno: "Tuvimos relación con ellos desde que
asumieron pero el martes, cuando nosotros tuvimos que llamar para
averiguar cuándo nos iban a comprar, nos dijeron que no lo van a hacer
más. Fue de un día para otro: nos habían ilusionado y generado
expectativa y ahora no nos atiende ningún funcionario".
Con esta
decisión, el PRO volvió a quitarle el trabajo a más de 300 trabajadores
ya que, sólo con el Ministerio de Seguridad, había 15 cooperativas
involucradas de, aproximadamente, 20 trabajadores cada una.
Esta
resolución del PRO se suma a una persecución del gobierno a los
trabajadores nucleados en estas organizaciones ya que, según pudo
averiguar este medio, están sufriendo inspecciones abruptas, con hombres
que sacan fotos y le buscan, en criollo, "la quinta pata al gato" para
cerrar el lugar.