GERAD nació en junio del año pasado a partir de la resolución 1872 del
MPF, pero sus empleados dependen del Poder Ejecutivo ya que su trabajo
bien vale para la UFI, que supo tener al mando a Alberto Nisman, y la
Unidad Especial AMIA, que depende del ministerio de Justicia y para el
que fue nombrado el radical Mario Cimadevilla.
Sus empleados, hoy
14 en total, firmaron contratos en junio del 2015 por un plazo de seis
meses, aunque fueron advertidos que, por la magnitud de la tarea, se
renovarían. La contratación se realizó a través del Ente Cooperador
ACARA. Sin embargo, el 14 de diciembre, fecha de finalización de los
mismos, esto no ocurrió.
Inmediatamente, ATE reaccionó
como así también las agrupaciones de familiares. En diálogo con El
Destape, Adriana Reisfeld, de Memoria Activa, dijo: "Nosotros pedimos
que sigan trabajando y la digitalización de esos archivos. Nuestro
reclamo pasa por la Justicia. Nos metemos en una interna, lo deben
resolver entre Garavano y Gils Carbó. Nos interesa que se hagan las
cosas".
Garavano, que viene reclamando la renuncia de Gils Carbó y
algunos de sus fiscales, pretende que los empleados de GERAD pasen a la
órbita de la Procuración. Mientras tanto, y luego de la protesta de
trabajadores y ATE que culminó en una reunión entre ambas parte esta
semana, se acordó un período de transición, en el cual aquellos
trabajadores se mantendrán en el ministerio hasta su pase al MPF.
Fuentes
del Ministerio de Justicia confiaron a este medio que estiman que el
plazo sea de alrededor de tres meses y acusan al gobierno anterior de
"dejar caer los contratos". El ministro tuvo que hacer luego el mismo
compromiso ante las organizaciones de familiares que le acercaron el
reclamo.
Uno de los empleados confió a El Destape que "las
condiciones de las contrataciones las desconocemos al momento, así como
también la fecha en la que se realizaría y el período de duración".
Sin
embargo, este no sería el final del conflicto sino que solo el inicio
de la segunda parte. Fuentes cercanas a la procuradora Alejandra Gils
Carbó dejaron trascender su malestar porque, argumentan, necesitan que
les transfieran los fondos para hacerse cargo de ese personal. Según
estimaciones propias, el costo de los 14 contratos es de $250 mil
mensuales, lo que habla de salarios promedio de poco más de 17 mil
pesos. "Necesitamos que nos garanticen los fondos", reclaman.
Esta
diferencia va de la mano del enfrentamiento más global entre Gils Carbó
y Garavano. En la Procuración no cayó nada bien el decreto 257, que
puso en suspenso la puesta en práctica del Código Procesal Penal
Federal, y también recortó la autarquía financiera del Ministerio
Público.
Mientras que en la ley original le aseguraba casi el 1%
de los recursos tributarios, más alguna partida extra del Presupuesto,
el DNU de Mauricio Macri modifica esa situación y crea una comisión
entre representantes de la Procuración, el ministerio de Hacienda y la
Bicameral del nuevo Código para definir el presupuesto. "Lo obliga al
Ministerio Público a manejarse como si fuera un órgano del Ejecutivo y
salir a pelear partidas", manifestaron. El conflicto, por ahora, sigue
latente.