Y concluyó que "las medidas producidas una vez reabierta la etapa de
instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra M. Macri,
de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal pues lo afirmado
hasta aquí, no sólo lo ubica en una situación de ajenidad, respecto de
tal o cual intromisión telefónica, sino que también lo aleja del armado
de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno".
A lo
largo de 32 carillas, Casanello repasó las acusaciones presentadas por
las querellas del ex cuñado de Macri Néstor Leonardo y del familiar de
víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein, los dos casos de
escuchas ilegales por las que fue procesado el ex jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.
En ambos consideró que no presentaron
"prueba directa" para incriminar a Macri en ninguno de los dos casos y
destacó el pedido del fiscal federal Jorge Di Lello para sobreseerlo, en
sintonía con la defensa del mandatario.
Casanello enfatizó que
"se descarta una posible conducta instigadora, pues Macri deja de ser la
persona particularmente interesada en escuchar a dos de las víctimas",
de acuerdo a lo aportado por nuevas evidencias incorporadas cuando se
continuó la investigación sobre su persona.
"Detrás de la
intervención ilegal del teléfono de Burstein permanece Jorge Palacios,
aunque alejado del entonces Jefe de Gobierno", concluyó Casanello.
Y
agregó: "Detrás de la intervención ilegal del teléfono de Leonardo
asoma Franco Macri, pero a través de agencias de seguridad privadas y
personas interpuestas, lo que diluye su responsabilidad".
En el
caso de las escuchas a Burstein dio por probado que fueron ordenadas por
el procesado ex jefe de la Policía Metropolitana Palacios y ejecutadas
por otro acusado, el ex espía Ciro James.
"En cuanto a la escucha
de Burstein, es Guillermo Montenegro (ex ministro de Seguridad porteño)
el que termina de alejar a Macri de la escena, al tiempo que relativiza
en sumo grado su incidencia sobre el área de seguridad, sobre Jorge
Palacios y, por ende, sobre el aparato clandestino de inteligencia -la
segunda parte de la imputación", analizó el juez.
Y remarcó que
el ejecutor de las maniobras, (Ciro) James fue contratado por el
Ministerio de Justicia porteño, que le pagó un sueldo sin tener una
tarea asignada, bajo la órbita del también procesado ex titular de esa
cartera Mariano Narodowski.
En el caso de las escuchas a quien
fue marido de la fallecida Sandra Macri, el juez entendió que el
seguimiento sobre la persona del ex cuñado del Presidente fue contratado
por el empresario Franco Macri.
En particular se aludió a nueva
prueba incorporada en relación a la empresa de seguridad estadounidenste
"Ackerman Group", a la que se adjudica la contratación de la escucha
ilegal a Leonardo.
Las "actividades en el país por personal de la
firma Ackerman Group durante el período en que fuera intervenido el
teléfono del damnificado" fueron por "expreso pedido de Franco Macri y
no así, a un interés, al parecer, inexistente de Mauricio Macri,
respecto de la seguridad de su hermana Sandra", concluyó.
El 14
de mayo de 2010, Macri fue procesado por el primer juez del caso,
Norberto Oyarbide, por "violación de secretos, abuso de autoridad,
falsificación de documentos públicos, en concurso con la participación
en una asociación ilícita".
Oyarbide acusó al entonces jefe de
Gobierno porteño de haber sabido del uso de estructura pública para
montar la red de espionaje ilegal.
También procesó a Palacios, a
James y a miembros de un juzgado penal de Misiones desde donde partieron
las órdenes para concretar las escuchas en la SIDE bajo la excusa de
una investigación con pistas falsas.
El procesamiento de Macri
fue confirmado por la Cámara Federal porteña y quedó firme también en
Casación, el máximo tribunal penal del país.
Pero cuando fue momento del envío de todos los acusados a juicio, Casanello lo dejó afuera por falta de pruebas.
En
tanto, los cuestionamientos a la decisión de Casanello provinieron de
parte de los querellantes de la causa: Sergio Burstein, y de Luis Conde,
abogado defensor de Néstor Leonardo.
En declaraciones a radio
Diez, Burstein adelantó que, si bien aún no fue notificado de la
decisión del magistrado, "hay instancias superiores" para apelar y
ratificó que no se trata de una "causa armada", sino que "hay pruebas
más que suficientes para que se llegue a un juicio oral; las pinchaduras
telefónicas son reales".
Por su parte, Conde también anticipó la
posibilidad de apelar la decisión judicial y manifestó, en diálogo con
radio Belgrano, su convencimiento "de que con las pruebas que hay nos
sobraba para ir a juicio oral, pero las cosas han cambiado y los que
decían que no, ahora dicen que sí".