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Fresneda sobre el sobreseimiento a De la Rúa: "Es una decisión arbitraria que no contribuye al fin de la impunidad".

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El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Freseneda, consideró que el sobreseimiento del ex presidente Fernando De la Rúa en la causa por la represión de diciembre de 2001, dictado el martes por la Corte Suprema, constituye “una decisión arbitraria que no contribuye a la lucha contra la impunidad”. “Se trata de una decisión técnica, arbitraria, que no ayuda para resolver la lucha contra la impunidad. Es una pena que una pelea histórica como la que libran los familiares de las víctimas de aquella represión concluya de esta manera”, señaló Fresneda.

En ese sentido, el funcionario afirmó además que la decisión de la Corte “no respeta tampoco a quienes pusieron el cuerpo” en una época en la cual se conculcaban derechos.

“Fui parte de una juventud que en la década neoliberal se manifestó contra las privatizaciones y la impunidad de los genocidas. Nos reprimieron y ese 20 de diciembre, militantes como (Eduardo) Wado De Pedro (actual secretario General de la Presidencia) que padecieron la tortura. ¿Qué hacemos con todo eso?”, cuestionó.

Y en ese sentido, agregó: “Golpearon a las Madres en la Plaza y eso lo hizo un Gobierno que tomó la decisión de reprimir”.

Ante esta sentencia de la Corte, expresada en un escrito de siete líneas, Fresneda observó que “desde hace algún tiempo”, los fallos del Máximo Tribunal carecen de la fundamentación que tenían anteriormente”.

“Esta Corte no se parece a ese Tribunal que nos daba orgullo. Esta decisión es muy escueta, se ajusta a la formalidad. Se nota que falta esa fundamentación que antes tuvieron otras sentencias”, enfatizó.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en el juicio por la represión del 19 y el 20 de diciembre de 2001 que se sustancia en el Tribunal Oral Federal 6, anticipó que analiza apelar este sobreseimiento ante “instancias internacionales”.

En función de esta posibilidad, Fresneda calificó como “comprensible” que los familiares de las víctimas apelen esta decisión ante un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Como funcionario del Gobierno mi misión es defender a un Estado, incluso cuando uno de sus poderes toma malas resoluciones. De todos modos, entiendo y me parece comprensible que los familiares de las víctimas busquen en la CIDH una justicia que no encuentran en el país”, puntualizó.

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13/05/2015 (2239)        compartir en facebook compartir en twitter compartir en Whatsapp



 




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