En su momento, el fiscal especial para la Causa Amia, argumentó que "se
encuentran cumplidas las condiciones procesales que permiten fijar una
fecha próxima", pidiendo en ese marco que por la "relevancia" existía la
"necesidad de adoptar una decisión definitiva".
Los acusados en
el marco de esta causa son el ex juez Juan José Galeano por los delitos
de peculado por malversación de caudales públicos, coacción, falsedad
ideológica de documento público, privación abusiva de la libertad,
encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato, junto al ex
secretario de Inteligencia Alfredo Anzorreguy, por peculado,
encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica de documento
público.
También aparecen imputados los ex fiscales Eamon,
Gabriel Müllen y José Carlos Barbaccia, quienes llegarán a juicio
acusados de privación abusiva de la libertad agravada, peculado y
coacción, junto al reducidor de vehículos Carlos Alberto Telleldín y su
pareja Ana María Bogarín; el abogado Víctor Stinfale, el ex titular de
la DAIA, Rubén Beraja y el ex agente de la SIDE, Patricio Finnen, por el
delito de peculado.
En la lista también aparece el ex presidente
Carlos Menem por los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica,
violación de medios de prueba y abuso de autoridad y el ex PFA y ex jefe
de la Policía Metropolitana, José Alberto "el fino" Palacios por los
delitos de encubrimiento, abuso de autoridad y violación de medios de
prueba.
La lista se completa con el ex subsecretario de
Inteligencia Juan Carlos Anchézar por encubrimiento, abuso de autoridad y
falsedad ideológica; y el ex PFA Carlos Antonio Castañeda por
encubrimiento, abuso de autoridad, violación de medios de prueba y
falsedad ideológica.
En el marco de la misma investigación,
paralelamente, resta indagar a un grupo de secretarios del ex juez
Galeano y al ex ministro menemista Carlos Corach, a quien se le revocó
el sobreseimiento dictado por el juez Ariel Lijo.
La causa por
encubrimiento del atentado a la AMIA se inició el 15 de febrero de 2000,
a raíz de las declaraciones públicas del ex prosecretario del juez
Galeano, Claudio Lifschitz.
Antes de llegar a Lijo, la causa
sufrió un largo parálisis cuando estuvo en manos del juez federal
Claudio Bonadío, quien fue apartado en 2005.
Lijo lleva adelante
la pesquisa por el encubrimiento, mientras que Rodolfo Canicoba Corral
es quien investiga el atentado de 1994.
En lo que hace a esta última
causa, la Cámara en lo Criminal Federal a principios de diciembre del
año pasado había concedido una prórroga para que se complete la etapa de
instrucción y se eleve a juicio la causa por el atentado.
Así,
la Sala I de la Cámara concedió el pedido formulado por el juez Canicoba
Corral a requerimiento de Nisman, instando a ambos a concluir la
pesquisa dentro de un plazo de 90 días.
Como argumento del pedido
de prórroga Nisman, sostuvo que estaba pendiente la agregación de
prueba documental y el resultado de exhortos ordenados en la pesquisa
por el ataque a la mutual judía, que provocó 85 muertos y centenares de
heridos, además de multimillonarios daños materiales.
El Tribunal
Oral Federal 3, luego de tres años de juicio, había absuelto a todos
los procesados por el atentado, pero en mayo de 2009 la Corte Suprema de
la Nación, a pedido de las querellas, anuló ese fallo y mandó reabrir
la causa, en la que sindicado reducidor de rodados, Carlos Alberto
Telleldín, figura como uno de los imputados.
La causa “principal”
– también conocida como la de la “conexión local”- quedó entonces
radicada ante Canicoba Corral, quien delegó la instrucción en Nisman, en
tanto que derivaciones del caso, como un supuesto “encubrimiento” e
irregularidades en la investigación del atentado están a cargo del juez
federal Ariel Lijo.