Para Urribarri, “cuánto más profundo y amplia es una reforma, mayores
serán las resistencias a los cambios que se proponen”, y remarcó que lo
que está en discusión es dejar atrás un sistema que asegura la impunidad
de los grupos económicos”.
“No resulta extraño que el Poder
Judicial Argentino concentre las mayores criticas y cargue sobre sus
espaldas con una abrumadora imagen negativa en cualquier encuesta de
opinión publica nacional”, enfatizó.
Urribarri apuntó que la
reforma del Código Procesal Penal que el Congreso votó el pasado 4 de
diciembre consiste “en asignar funciones constitucionales al Ministerio
Público para investigar y promover la acción penal”.
Los Fiscales
deben promover la acción penal y los jueces deben escuchar a las partes
en procesos públicos y orales, considerando las pruebas aportadas por
defensores y acusadores. Los magistrados tendrán que atenerse a lo
fundamental: dictar las sentencias. Ese es el espíritu de la reforma que
se sancionó”, puntualizó.