De momento, sólo cobrarán los bonistas tenedores de títulos de deuda con
legislación nacional -y quienes eventualmente hayan decidido ingresar
al canje de septiembre último por bonos con legislación local-, y el
resto se mantendrá en los fideicomisos respectivos, hasta que se
solucione el conflicto entre la Argentina y el 7,6% de inversores
holdouts, que quedó fuera del canje.
Por lo tanto, el impacto en
las reservas del Banco Central sería pequeño, en principio, mientras que
el resto, los bonos de legislación extranjera, se mantendrá en el
Fideicomisos Nación SA, según lo establecido por la Ley de Pago
soberano, hasta que se destrabe el conflicto judicial que impide a la
Argentina pagar a tenedores con legislación de Estados Unidos, europea y
japonesa.
Dicha Ley estableció también en su artículo 9 otro
fideicomiso especial en una cuenta de Nación Fideicomisos en el Banco
Central para el 7,6 por ciento que no ingresó a los canjes de deuda, en
virtud de la buena fe y la capacidad de pago del país.
De los
1.000 millones de dólares que vencieron el 31 de diciembre, el Gobierno
depositó 539 millones en Nación Fideicomisos, correspondientes a los
servicios de los bonos del canje legislación extranjera. Otro tanto, fue
destinado al fideicomiso, cuyos fondos están reservados para los
holdouts que no ingresaron a los canjes.
Asimismo, siguen
congelados en la cuentas del Bank of New York en el Banco Central los
539 millones de dólares que la Argentina depositó para el pago de junio a
titulares de bonos con legislación argentina -y cuando el BONY era el
fiduciario y agente de pagos-, y que el BONY dejó allí inmovilizados, a
pedido de Griesa.
El 2014 culminó con 31.433 millones de dólares de reservas internacionales en el Banco Central.