El plenario contó además con la presencia del subsecretario de Política
Criminal, Juan Martín Menna; del titular de la Cámara de Diputados de la
Nación, Julián Domínguez y la presidenta del bloque de diputados del
Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio.
En su exposición, el
ministro de Justicia destacó la necesidad de salir del sistema
inquisitivo para pasar al acusatorio, al sostener que es “imperioso”
modificar el actual sistema jurídico.
Tras afirmar que se trata
de una modificación profunda, Alak consideró que “no es una deuda de la
democracia sino de la República”, al recordar que “si hay una
institución una norma, un código que viene siendo denunciado como
ineficaz es el procedimiento penal”.
En esa línea, el
ministro puso de relieve además que “su descalificación como elemento
apto fue cuestionado desde el nacimiento mismo de la República por ex
presidentes como Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda y
también por notables doctrinarios que dijeron que era un código
hipócrita porque una persona no podía ser garante de la investigación y a
su vez juzgar y condenar”.
Destacó que el sistema inquisitivo
“siempre fue utilizado en contra de las garantías personales y a favor
de los despotismos más autoritarios” y recordó que hubo “numerosos
intentos de modificar el sistema” de parte de todas las fuerzas
políticas pero que no prosperaron.
“Si no cambiamos el
procedimiento penal no podemos dar respuestas a una sociedad que reclama
justicia con celeridad, el empoderamiento de la víctima, que haya en
las cárceles menos procesados y más condenados”, enfatizó el ministro,
ante los diputados.
Dijo además que en la Argentina con el actual
sistema “tenemos en la cárcel personas que no sabemos si son culpables o
inocentes”, al considerar que “la permanencia en las cárceles hace que
los procesados cumplan condena y cuando llega el juicio en el mismo acto
es condenado y procesado y pide su libertad”.
Finalmente, Alak
consideró “escandaloso” el retraso en el procedimiento penal actual y
recordó que Argentina “es uno de los pocos países de América Latina que
mantiene el sistema inquisitivo junto con Uruguay”, que tiene previsto
modificar antes de fin de año.