Conformarán asimismo la instancia estatal el Banco Central (a través de
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias); la
Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN); la Comisión Nacional de
Valores (CNV); y la Unidad de Información Financiera (UIF, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
El decreto señala
además que se invita integrar la Unidad a la Procuraduría de
Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac, del Ministerio
Público Fiscal).
La Unidad de Seguimiento efectuará “el monitoreo
de las operaciones de comercio exterior, procurando su seguimiento y
trazabilidad”, dice el decreto.
Asimismo, coordinará el acceso,
por parte de los organismos competentes, de los reportes de las
operaciones de comercio exterior “a los efectos de verificar el
cumplimiento de los requisitos formales y sustanciales exigidos por la
normativa vigente”.
Luego, realizará “el seguimiento de los
ajustes y denuncias formuladas por los organismos de control
relacionadas con las operaciones de comercio exterior”, a la vez que
solicitará y brindará información a otras jurisdicciones, sobre los
temas de competencia de la Unidad.
La medida se justifica “a los
efectos de asegurar la estabilidad macroeconómica”, explica el decreto,
que lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el
jefe de Gabinete; y la ministra de Industria, Débora Giorgi.
Según
la medida, la necesidad del mecanismo de verificación, tanto de
importaciones como de exportaciones, surge del incremento de la magnitud
del comercio exterior, que creció sistemáticamente en el período
2003-2013 y alcanzó en 2011 un monto aproximado de 150 mil millones de
dólares.
“Las empresas multinacionales participan en aproximadamente el 68% del comercio exterior argentino”, añade el decreto.
En
ese marco, prosigue la norma, la AFIP “ha detectado diferentes casos de
sobrefacturación de importaciones, subfacturación de exportaciones y
precios de transferencia que disminuyen el monto de impuestos a pagar en
la Argentina””.
De ese modo, advierte el decreto, las empresas
que realizan tales operaciones promueven “sistemas encubiertos de
transferencias de divisas, afectando de este modo la calidad de vida del
pueblo argentino mediante maniobras delictivas”.