Las dos primeras horas de la sesión se desarrollaron en un clima tenso a
partir del ingreso al recinto de la oposición, que llegó para
cuestionar el trámite, luego de que el Frente para la Victoria, con el
apoyo del Frente de Santiago, Nuevo Encuentro, el Movimiento Popular
Neuquino, PJ La Pampa, Ramona Pucheta y un par de diputados fueguinos
reuniera 131 legisladores, dos más del quórum reglamentario, para
iniciar el trabajo.
A los gritos, los diputados del radicalismo,
el macrismo, el massismo, el socialismo, la Coalición Cívica y el Frente
de Trabajadores de Izquierda se retiraron del debate con el argumento
de que "su tratamiento es ilegal".
Tras reconocer que es
necesario actualizar el Código Civil y Comercial, que data de 1869, en
temas como divorcio, matrimonio igualitario, adopción y fertilización
asistida, los opositores advirtieron que si se votaba el proyecto
plantearían su inconstitucionalidad en la justicia.
El argumento
esgrimido es que el dictamen de la Comisión Bicameral no es válido
porque desde que se emitió cambió la composición del cuerpo, lo que fue
rechazado por el bloque de diputados del oficialismo.
Esta
posición fue replicada por la presidenta del bloque oficialista, Juliana
Di Tullio, quien consideró "una vergüenza que acudan a otro Poder (del
Estado) para impedir el tratamiento del proyecto en este cuerpo
legislativo" y defendió la legalidad del tratamiento.
La diputada
recordó que el proyecto de resolución que creó la Comisión Bicameral
"fue votada por todos los opositores", con excepción de Elisa Carrió,
quien fue la "única que mantuvo su postura".
En el cierre del
debate, la titular del bloque del FPV cargó nuevamente sobre la
oposición al afirmar que "retrasan 150 años" y que "está empecinada en
quedar afuera de la historia".
"Han decidido nuevamente quedar en
defensa de los más poderosos; desaparecen de las bancas. No me llama la
atención la vergüenza de la representación teatral guionada que
hicieron hoy", remarcó.
Promediando la sesión, Domínguez, en una
nota enviada a los presidentes de los bloques opositores, rechazó en
forma "tajante, absoluta y terminante" los cuestionamientos realizados
por la oposición y señaló que "no se ha violentado la Constitución
Nacional ni el reglamento interno ni la resolución aprobada por ambas
Cámaras que dispuso un tratamiento especial al proyecto".
Durante
el debate, Diana Conti, en calidad de miembro informante del proyecto
por su condición de presidenta de la comisión de Asuntos
Constitucionales, dijo que este nuevo texto "es plural e inclusivo y
tiene la riqueza de contar entre sus redactores a dos jueces de la Corte
(Suprema de Justicia)" y destacó que "se trata de un código
humanitario, que incluye aún más socialmente".
Alicia Comelli,
aliada al kirchnerismo desde el Movimiento Popular Neuquino, cuestionó a
la oposición al señalar que "tendría que haber estado en la sesión para
dar el debate de fondo y no buscar artilugios procesales para no llegar
a votar lo que para todo legislador debería ser trascendente".
El
texto aprobado, que viene a reemplazar un texto que fue redactado hace
145 años, legisla sobre temas como la adopción e indica que el niño
puede ser adoptado "por un matrimonio, una unión convivencial o por una
sola persona"; y que "una adopción constituida en el extranjero debe ser
reconocida en la Argentina cuando haya sido otorgada por los jueces del
país del domicilio del adoptado".
También menciona que "el hijo
matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges" y que
"en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas".
En cuanto
a cuestiones matrimoniales se incluye la posibilidad de que los
contrayentes opten por el régimen de separación de bienes antes de la
realización del matrimonio; y se prevé que el divorcio se decreta
judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges.
La
nueva normativa menciona a las "uniones convivenciales" como "la unión
basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria,
estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un
proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo".
Además
establece que los bebés nacidos por las técnicas de reproducción humana
asistida "son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que
también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre con
independencia de quién haya aportado los gametos".
Las temáticas
sobre fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios;
delegación de la protección del embrión en una ley especial, la
eliminación de la gestación por sustitución, de la fecundación
post-mortem y de la función social de la propiedad, se regularán con
legislación complementaria.