"Debe ser condenado como autor penalmente responsable del delito de
negociaciones incompatibles con la función pública por haberse
interesado directamente en la operación de canje de bonos en miras a que
los bancos autorizados obtuvieran un beneficio", acusó León ante los
jueces Néstor Costabel, Enrique Pose y Patricia Mallo.
La fiscal
entendió que por su "altísimo" nivel de instrucción, al que consideró un
agravante, Cavallo estaba en plenas condiciones para comprender las
consecuencias de sus actos cuando en 2001 como ministro de Economía del
gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa recibió y aceptó una
propuesta de canje de deuda por parte del banquero David Muldford,
sobreseído en la causa por prescripción del delito.
Además, León ponderó el perjuicio económico y las consecuencias sociales derivadas del resultado del "megacanje".
Cavallo
es el único procesado sometido a juicio por la operación de canje de
deuda de mayo de 2001, en una causa penal en la que varios
exfuncionarios fueron sobreseídos por prescripción del delito, entre
ellos su ex jefe de asesores Tomás Liendo y el ex secretario de Política
Económica Federico Sturzenegger.
En la causa también estuvo
imputado el banquero norteamericano Muldford, pero luego de reiterados
intentos frustrados por lograr su extradición para tomarle declaración
indagatoria, se lo sobreseyó por prescripción.
Para la fiscalía
el delito no pasó por el cobro de comisiones por parte de los bancos que
manejaron el canje en calidad de intermediarios, sino porque la
maniobra permitió mejorar la calidad de los bonos que tenían en su poder
y administraban para su cartera de clientes en medio de la crisis
económica del gobierno de la Alianza.
Además, León detalló que
había millones de dólares en bonos que se "desvalorizaban" en manos de
los bancos más los que se administraban para los clientes. Estos bonos
extendieron sus plazos de vencimiento hasta el 2031 y la "deuda nominal"
del país subió 50 mil millones de dólares, enfatizó la fiscal.
León
aludió a la "extensión del daño causado" a nivel económico y a la
crisis social que se generó. Como atenuantes enumeró el "extensísimo
tiempo que demandó la realización del juicio, la condena pública a la
que se vio expuesto y la edad actual” de Cavallo.
La fiscal
aludió a los bancos Galicia, Santander Central Hispano, Francés, Credit
Suisse, HSBC y JP Morgan. En la operación el consorcio de bancos
beneficiado cobró comisiones por el reemplazo de títulos de la deuda
externa por cinco bonos con vencimientos diferidos.
El juicio
oral duró tres meses y entre los testigos estuvo el ex presidente de la
Nación Fernando de la Rúa, quien defendió la operación y deslindó
cualquier responsabilidad penal por parte de Cavallo. Al igual que
durante todo el debate, Cavallo estuvo presente en los tribunales
federales del barrio porteño de Retiro.